MEC: Luis Ramírez declaró de interés programa impulsado por entidad vinculada a su familia
A través de la Resolución N.º 1329 del 23 de septiembre de 2026, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) declaró de interés educativo el programa “Partidi: Todos juegan, todos ganan”, una iniciativa presentada por el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI). El documento lleva la rúbrica del ministro Luis Fernando Ramírez.
El titular de Educación es el fundador del CDI - que se declara sin fines de lucro-, y fue su director hasta que ocupó el cargo de ministro de Educación, en agosto de 2023. Ese año, en su Declaración Jurada (DD.JJJ.) presentada ante la Contraloría General de la República (CGR), colocó como activos, acciones en CDI por G. 50 millones y luego citó como parte de sus ingresos mensuales, G. 3.750.000 por la venta de acciones de la misma entidad.
A este antecedente se suma un nexo familiar vigente. Ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) figura como declarante en representación del CDI Rita López Mosqueira, esposa del ministro, sin separación de bienes, según la DD.JJ. Pese a este vínculo directo, Ramírez no se apartó del trámite administrativo y estampó su firma en la resolución que declara de interés educativo el programa “Partidi”. Esta resolución, si bien no transfiere fondos, otorga respaldo estatal y puede funcionar como respaldo institucional para gestionar convenios o actividades vinculadas al sistema escolar.

¿Conflicto de intereses? Este vínculo directo podría colocar la firma ministerial en el terreno de la Ley N.º 7089/23 de Conflicto de Intereses, normativa que obliga a las autoridades públicas a inhibirse de intervenir en decisiones administrativas que involucren o beneficien a entidades ligadas a su cónyuge o parientes cercanos.
Trámite exprés en el MEC: cinco días entre los informes y la firma
Otro elemento que llama la atención en la Resolución N.º 1329 es la celeridad con la que avanzó el expediente dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Educación. De acuerdo con los registros citados en el propio documento, todo el circuito interno de dictámenes y aprobaciones previas se completó en apenas 24 horas antes de llegar al despacho ministerial.
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El 17 de septiembre de 2026, la Dirección de Currículum emitió el Informe Técnico N.º 190 avalando la propuesta, y ese mismo día la Dirección General de Desarrollo Educativo remitió los antecedentes mediante el Memorándum N.º 565. Al día siguiente, el 18 de septiembre, el expediente pasó por el filtro de la viceministra de Educación Básica, Marien Peggy Martínez.

Luego fue elevado por el director general de Gabinete, Tomás Aníbal Zapattini, a través del Memorándum N.º 2371. Apenas cinco días después, el 23 de septiembre, el ministro Luis Ramírez estampó su firma definitiva en la normativa.
En los considerandos de la Resolución N.º 1329, la cartera educativa fundamenta el respaldo institucional en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Currículum. Según dicho informe, el programa «Partidi: Todos juegan, todos ganan» utiliza el fútbol como una herramienta pedagógica y socioeducativa para promover habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y convivencia democrática en niños y adolescentes.
La respuesta de Luis Ramírez: “Es una renovación y no habilita convenios ni fondos”
Consultado sobre el alcance de la medida y la posibilidad de haberse inhibido, el ministro Luis Ramírez negó que exista un conflicto de intereses y atribuyó los cuestionamientos a una “mezcla de conceptos”. Según su descargo, la Resolución N.º 1329 constituye una renovación de un aval otorgado originalmente en 2010 —durante el gobierno de Fernando Lugo— y ratificado por administraciones sucesivas. “Es decir que no es algo nuevo”, argumentó.
El secretario de Estado sostuvo que el documento evalúa únicamente los objetivos pedagógicos de la organización —a los que calificó de coincidentes con el Plan Nacional SUMAR—, pero aclaró que “no compromete en nada al Ministerio, ni habilita per se a firmar futuros convenios, acceder a escuelas públicas o recibir fondos públicos”. Asimismo, Ramírez aseguró que actualmente “no existe vínculo alguno” de su parte ni de su entorno familiar con la administración del CDI, pese a los registros vigentes ante la DNIT.

Para respaldar su postura, desde la cartera educativa remitieron copia de la Resolución N.º 1188 (Versión 1 - Año 2026), también suscrita por Ramírez. El reglamento interno establece en su apartado de disposiciones finales que la declaración de interés educativo “no representa ningún compromiso económico”, “no autoriza el ingreso a las instituciones educativas” sin un convenio previo y “no obliga la compra” de materiales.
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Sin embargo, la misma normativa define el documento como un “acto administrativo” mediante el cual el MEC certifica la iniciativa y “fomenta la participación activa de estudiantes, docentes e instituciones en su promoción y desarrollo”, sin mencionar ni eximir del deber de abstención previsto en la Ley N.º 7089/2023 para actos que involucren a entidades ligadas al cónyuge de una autoridad.
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