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18/11/2026 07:45

Congreso de Yucatán aprueba 220 informes de la cuenta pública

Momento de la sesión de ayer de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso de Yucatán. En el orden habitual: los legisladores Francisco Rosas Villaviencio, María Esther Magadán Alonzo (presidenta), Eric Edgardo Quijano González y Gaspar Quintal Parra

La Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso aprobó 220 informes correspondientes a la segunda y tercera lectura de los informes individuales y ejecutivos de la cuenta pública de 2024 de ayuntamientos, dependencias estatales y organismos descentralizados.

Según informó la presidenta de la comisión, la morenista María Esther Magadán Alonzo, en este período la revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado tuvo como resultado la recuperación de $230,866.54 para las haciendas municipal y estatal.

También 1,149 promociones de responsabilidad administrativa, multas consolidadas por cobrar a los ayuntamientos de Sinanché (3), Yaxcabá (2) y Homún (1), y una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia Administrativa contra el Ayuntamiento de Progreso 2021-2024 que encabezó Julián Zacarías Curi, en ese entonces del PAN, por presunto tráfico de influencias.

Los integrantes de esta comisión aprobaron por unanimidad los 83 informes de segunda lectura (35 entidades estatales y dependencias descentralizadas y autónomas, y 48 municipios) y 137 de la tercera lectura de estos informes (57 dependencias estatales y 80 municipios).

Después María Esther Magadán rindió un informe sobre la fiscalización de la cuenta pública de 2024 y los avances de seguimiento que realizó la ASEY al cierre del último trimestre de 2026.

  • Los ayuntamientos de Sinanché, San Felipe y Dzitás no cumplieron con las órdenes de auditoría de fiscalización de la cuenta pública de 2025.
  • La ASEY recuperó $230,866.54 de las haciendas estatal y municipales.
  • Promovió 2,178 acciones preliminares sobre 1,783 observaciones finales y se determinó de manera definitiva la emisión de 2,018 acciones.
  • Derivado de estas acciones, realizó 1,149 promociones de responsabilidad administrativa, 593 pliegos de observaciones, 257 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 19 recomendaciones.
  • Hubo 601 remisiones de pliegos no solventados en las tres entregas de la cuenta pública 2024.
  • De esta revisión de 2024, 76 se clasifican como probables faltas graves, 525 como probables faltas no graves.
  • El 94% de estas observaciones corresponde a los municipios que concentran 565 revisiones.

Denuncia contra exalcalde

“Un resultado especialmente relevante en el trabajo de esta comisión fue la denuncia ciudadana por hechos relacionados con posibles irregularidades de tráficos de influencia en el Ayuntamiento de Progreso del período 2021-2024”, dijo la morenista sin citar a Zacarías Curi.

“Ya hubo un resultado concreto en el ámbito institucional. De acuerdo con el informe de la ASEY, derivado de esta denuncia de hechos se promovió un informe de presunta responsabilidad administrativa conocido como IPRA, el cual ya fue notificado y turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado”.

“¿Esto qué significa?”, planteó. “Que este asunto ya trascendió a una etapa de investigación y se remitió a la instancia jurisdiccional para que continúe el proceso y determine lo que por derecho proceda”.

“Quiero subrayar este punto porque el trabajo de una comisión de vigilancia no debe limitarse únicamente en recibir y revisar cifras, los informes y analizar observaciones, sino dar seguimiento, promover la participación ciudadana y procurar que presuntas irregularidades se investiguen y sancionen”, consideró.

“Hay otras dos denuncias de hechos que siguen su curso, una de Servilimpia y otra contra el Ayuntamiento de Temax. Con esta última se llegó a un acuerdo reparatorio”.

La diputada Magadán señaló que la fiscalización no debe quedarse en observaciones sobre el papel, debe traducirse en seguimiento, responsabilidades cuando corresponda y, sobre todo, en una mayor protección de los recursos públicos, porque eso es lo que exige toda la ciudadanía.

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