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Pedraz deja bajo secreto tres cajas de facturas del PSOE a abogados hasta que sean analizadas
El juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas 'cloacas' del PSOE ha acordado mantener bajo secreto tres cajas y un pendrive con facturas que el partido ha aportado y que guardan relación con los abogados o despachos de abogados y consultoría legal a los que contrató entre 2021 y 2025.Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia en la que acuerda dar únicamente traslado de la documentación a la Fiscalía «en tanto no finalice» el análisis de la documentación. La formación pidió al instructor que tuviera en cuenta que se encuentra inmersa «en un proceso electoral» y que la «difusión fragmentada o descontextualizada» podía causarle «un perjuicio que una rectificación posterior» no repararía. Los socialistas cumplimentan de esta forma el requerimiento efectuado hasta en dos ocasiones por el juez Pedraz, que el pasado mes de octubre lanzó una última advertencia al partido, acusándole de incumplir sus requerimientos y fijando un plazo de 15 días para que entregasen «sin más demora» el listado de abogados que contrató. Inicialmente, la formación aseguraba que había tres motivos por los que no cumplió la petición del instructor. Uno de ellos era que «toda la información y documentación solicitada no está centralizada, y hay que recabarla de muy distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territoriales del partido pueden efectuar ese tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio». Los socialistas además, también se excusaban en la campaña electoral.El PSOE dice ahora que «ha tomado buena nota» del aviso del juez y que «actúa» ahora en consecuencia. Es por eso que, asegura, «si tras el análisis de la documentación» el magistrado necesita «conocer más datos de algún encargo concreto», estará dispuesto a facilitar al tribunal más información. El partido que lidera Pedro Sánchez, sin embargo, recuerda que el criterio del Consejo General de la Abogacía es que «cuando quien contrata o abona los servicios no es el cliente final, la titularidad del secreto corresponde a éste y a su abogado, que deben ser identificados y oídos antes de cualquier entrega». «Y el profesional requerido puede advertir al tribunal de aquellos encargos en los que la mera identificación revelaría el objeto de la consulta y pedir para ellos un tratamiento reservado», añade. Además, los socialistas lanzan un dardo a la filtración de información que, afirman, les afecta. «Sin atribuir a nadie conducta alguna y con el máximo respeto a cuantos intervienen en el procedimiento, esta parte no puede ignorar que, por circunstancias que se desconoce, otras informaciones de esta causa han trascendido a los medios en ocasiones anteriores», critican.
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