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18/11/2026 08:15

El paradero del proveedor

Alfredo Hernández Casillas, quien por despecho detonó la crisis más profunda que ha vivido el Instituto Nacional Electoral (INE) en su historia al destapar la presunta corrupción de su entonces presidenta, Guadalupe Taddei, se encuentra en Estados Unidos, analizando con sus abogados las opciones para establecerse definitivamente en el extranjero y no regresar a México. Una de las alternativas que consideran es que se convierta en informante del Gobierno estadounidense, aunque no está claro qué podría interesarles de lo que sabe, salvo la profunda corrupción en la 4T, que todavía no representa una preocupación de seguridad nacional para Washington.

Una vez que estalló el escándalo sobre Taddei, que terminó por involucrarlo también a él, Hernández Casillas voló a Argentina, donde permaneció unas tres semanas buscando un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei para obtener la residencia. Al no lograrlo, la semana pasada voló de Buenos Aires a Houston, con una escala intermedia, hasta donde se sabe, para continuar su viaje a San Diego, donde se encuentra actualmente, de acuerdo con la información a la que se ha tenido acceso.

Hernández Casillas no tiene impedimentos legales conocidos para desplazarse libremente, incluso a México, porque no se le han fincado responsabilidades por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros delitos. Al no existir una orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República no podría solicitar a Interpol una notificación roja para su localización y detención con fines de extradición. La lentitud con la que han actuado las autoridades mexicanas le habría permitido trasladar sus recursos fuera del alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tardó varios días en congelarle las cuentas.

Empresario con contratos gubernamentales desde hace más de un cuarto de siglo, Hernández Casillas nunca había tenido tanto poder para controlar la adjudicación o el veto de contratos como durante la gestión de Taddei al frente del INE, con quien estableció una relación muy estrecha y se convirtió en algo más que un cómplice, según las acusaciones difundidas. Los videos grabados por él y reproducidos ampliamente en los medios han permitido identificar presuntos esquemas de competencia simulada para beneficiarlo a él o a empresas vinculadas con él, además de mostrar su supuesta injerencia en la designación de funcionarios de las áreas administrativas y de recursos materiales del INE.

Hernández Casillas construyó, según las denuncias, un oligopolio integrado por su empresa Cajas Graf, Lithoformas y Gráficas Corona, que competían individualmente en los concursos y, una vez definido el ganador, repartían el negocio con las perdedoras. Se enfocaban principalmente en los organismos públicos locales electorales (OPLE), que surgieron con la reforma electoral de 2014 como instituciones autónomas encargadas de organizar las elecciones locales en las entidades federativas. Eventualmente, incorporaban a ese mecanismo a la empresa Formas Inteligentes, dentro de un mercado muy cerrado y altamente lucrativo.

Fuentes de la industria estiman que el mercado de materiales y papelería electoral tiene un valor superior a los dos mil millones de pesos, que Hernández Casillas buscaba controlar con la presunta complicidad de Taddei, quien habría recibido fuertes comisiones por cada contrato, según las acusaciones contenidas en videos difundidos por los medios. El proveedor, que habría adquirido una posición privilegiada en el INE desde 2023, tenía comportamientos gangsteriles, de acuerdo con fuentes de la industria que han relatado cómo presuntamente extorsionaba a empresas ajenas a su red, a las que exigía millones de pesos por haberles permitido, según decía, participar en los concursos. Algunos de los afectados pensaron en denunciarlo penalmente, pero no lo hicieron por miedo.

El escándalo en el INE estalló hace casi un mes, cuando información filtrada por Hernández Casillas a los medios y comentada con varios políticos de oposición presentó a Taddei como una funcionaria que presuntamente aprovechó su cargo para incurrir en tráfico de influencias en los ámbitos federal y estatal, corrupción y posible enriquecimiento inexplicable. El caso habría provocado una crisis en Palacio Nacional y complicado la agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de los esfuerzos por deslindar a la ex consejera presidenta de sus vínculos políticos con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien elogió públicamente su “honestidad”.

Haber reducido el control de daños a la narrativa, dejando de lado las dimensiones política y legal, ha tenido una consecuencia que no calcularon: Hernández Casillas no se mantuvo quieto, como Taddei, quien, según la información disponible para el autor, permanece en su casa de Arizona, sino que comenzó a explorar alternativas que no incluyen la protección de Morena. No le funcionó Argentina, cuyo presidente no tiene una buena opinión de nuestra Presidenta. Ahora se encuentra en San Diego, analizando sus opciones.

Una de ellas, de acuerdo con la información a la que se ha tenido acceso, es obtener un permiso de residencia en Canadá, donde, como mostró el caso del líder sindical y actual senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, no siempre resulta sencillo obtener una extradición. La idea que ha circulado en el entorno de Hernández Casillas es que el permiso se origine en una solicitud de asilo político. Estas solicitudes están sujetas a una evaluación de admisibilidad y a un procedimiento cuyo tiempo de resolución depende de las circunstancias del caso.

La otra opción que estudian sus abogados es ofrecerse como testigo cooperante ante las autoridades judiciales estadounidenses, aunque, en una primera revisión de sus presuntos delitos, no resulta evidente qué podría interesarles en ese país. Hernández Casillas tendría abundante información sobre presuntas prácticas de corrupción en el sistema político mexicano, pero, hasta donde se conoce, no existen elementos que permitan vincularla con asuntos que representen un riesgo para la seguridad nacional estadounidense y que pudieran convertirlo en una fuente útil para las investigaciones penales en curso contra funcionarios y políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado.

La inquietud y la urgencia de buscar protección en el extranjero que parecen revelar las acciones de Hernández Casillas permanecen envueltas en la incertidumbre. No se sabe si surgirán nuevos videos que profundicen en las acusaciones de corrupción contra Taddei ni si alguno de ellos incluirá los nombres de quienes la respaldaron políticamente dentro de la 4T. De ocurrir, las imputaciones podrían agravar la situación política de la Presidenta, cuya estrategia de contención, basada en atacar al pasado, no habría conseguido frenar las repercusiones del escándalo.

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