OviedoPress
18/11/2026 09:00

Grupo Vázquez pagó G. 1.137 millones a gestor por trámites de terrenos municipales

  • El conglomerado empresarial habría desembolsado G. 1.137 millones a Gustavo Rojas Vera, identificado por vecinos de La Piedad como intermediario en las gestiones para adquirir terrenos municipales.
  • Entre los pagos figura un pedido de G. 200 millones para conseguir el veto de una reconsideración presentada contra la titulación de un inmueble. También aparecen desembolsos por otros trámites ante instituciones públicas.
  • Una planilla interna registra operaciones vinculadas a 71 inmuebles municipales, por los que el Grupo Vázquez habría movilizado G. 9.736 millones. El conflicto de La Piedad será tratado hoy en la Junta Municipal.
Miguel Vázquez compareció ante el juez por el caso Ueno. || Poder Judicial

Un desembolso de G. 1.137 millones a un gestor por supuestas gestiones relacionadas con terrenos municipales de Asunción quedó registrado en documentos y correos internos del Grupo Vázquez, entregados al medio capitalino ABC Color y que ya están en poder de la Fiscalía. Entre los pagos figura uno de G. 200 millones solicitado para conseguir el “veto” de una reconsideración presentada contra la titulación de un inmueble, en medio del conflicto que enfrentan pobladores del barrio La Piedad por la titularidad de sus lotes.

El dinero fue destinado a Gustavo Rojas Vera, quien emitía facturas y recibos a su nombre o mediante su empresa Las Reinas. Los vecinos lo identificaron como un militar retirado que actuaba de intermediario y a quien atribuyen amenazas para presionarlos a vender sus viviendas.

Uno de los correos internos solicita la extracción de G. 200 millones en efectivo, bajo el concepto de “veto de la reconsideración presentada por la contraparte”, correspondiente a la cuenta corriente catastral 15-1023-55. El pedido estaba acompañado del Mensaje N.º 360/26, del 11 de agosto de este año, mediante el cual el entonces intendente Luis Bello (ANR-HC) remitía el recurso de reconsideración a la Junta Municipal.

En otro correo, fechado el 9 de octubre, se autoriza un desembolso de G. 100 millones para avanzar con la escrituración de un inmueble. La comunicación señala que, tras la promulgación de una resolución, el expediente quedaría listo para pasar a la Intendencia, donde debía firmarse la orden de escrituración. El recibo adjunto fue emitido a nombre de Rojas Vera.

Un día antes, el 8 de octubre, la Junta Municipal había rechazado un pedido de reconsideración presentado por el vecino Juan José Godoy contra el intento de un tercero, representado por Rojas, de titular a su nombre el terreno donde él y su familia viven desde hace más de 20 años. El poblador aguarda ahora una nueva resolución sobre otra reconsideración planteada.

Los documentos también registran otros desembolsos en efectivo. Uno de ellos asciende a G. 160 millones y corresponde a gestiones sobre dos propiedades cuyos trámites supuestamente estaban detenidos en el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas. Otro pago de G. 300 millones estaba vinculado a decisiones municipales sobre un terreno de Santísima Trinidad, descrito en la documentación como una casa sin habitantes que sería demolida.

Una planilla interna del conglomerado contiene 71 registros de operaciones inmobiliarias, de los cuales 47 llevan la etiqueta “municipal” y suman G. 9.736 millones, según los documentos entregados a la Fiscalía. Los movimientos corresponden al periodo de expansión del grupo empresarial, entre 2024 y 2026.

La mayor parte de los desembolsos, G. 8.489 millones, aparece bajo conceptos como “negociación inmueble”, “entregas según acuerdo de negociación”, “fraccionamiento”, “gestión” y “subrogación de inmueble”. Entre los montos más elevados figura una operación a nombre de Ricardo Gómez, por G. 2.425 millones, seguida de otras vinculadas a Domingo González Rivarola, Catalina Belosso y cuentas catastrales de Santísima Trinidad.

Los documentos también registran G. 1.248 millones en trámites ante la Municipalidad de Asunción, incluidos cánones de arrendamiento, tasas, impuestos inmobiliarios, órdenes de escritura y conceptos relacionados con la venta de inmuebles.

La operativa cambió durante 2026. Mientras que en 2025 la mayor parte del dinero se destinó a negociaciones con ocupantes, los registros de los primeros cinco meses del año siguiente muestran desembolsos orientados principalmente a conseguir la titulación de los terrenos ante la Comuna.

El esquema adquiere relevancia debido a que, según había explicado el director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, una empresa privada no puede adquirir directamente terrenos municipales destinados a fines sociales, pues uno de los requisitos para acceder a la titulación es no contar con otros inmuebles. Además, el exconcejal Humberto Blasco había advertido que los beneficiarios no podían comercializar las propiedades durante al menos cinco años después de obtener sus títulos.

En paralelo, la gerente del Registro Unificado Nacional, Lourdes González, estimó que el Grupo Vázquez acumuló más de 800 inmuebles en tres años y que la cifra podría superar los 1.000 a medida que avancen las investigaciones fiscales.

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