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La Fiscalía vuelve a apoyar a García Ortiz y tacha de «desproporcionadas» las costas de 38.500 euros que le impuso el Supremo
La Fiscalía ha vuelto a alinearse con los intereses del condenado Álvaro García Ortiz y ha instado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a que estime el recurso de revisión interpuesto por la defensa del ex fiscal general (que ejerce la Abogacía del Estado) contra el pago de 38.508,26 euros en concepto de costas procesales. En el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso ABC, la teniente fiscal, Mari Ángeles Sánchez Conde considera que el decreto que acordó esa cantidad carece de una motivación suficiente y no justifica adecuadamente ese importe. En ese sentido, sostiene que el decreto basa la elevada cuantía de los honorarios en consideraciones generales sobre la «relevancia institucional» de la causa y elude el análisis concreto que exige la jurisprudencia. A su juicio, la resolución «confunde notoriedad pública con complejidad jurídica o probatoria». El procedimiento, señala, no reunía los requisitos objetivos de una causa compleja —como la presencia de tramas organizadas, pluralidad de acusados, blanqueo de capitales o análisis masivos de documentación—. Por el contrario, se trató de un juicio de apenas dos semanas, dirigido contra un único acusado y centrado en un solo hecho concreto. Para la teniente fiscal, utilizar la repercusión mediática de la persona investigada para elevar los honorarios de la acusación particular supone un «error conceptual» inaceptable. Otro de los pilares del recurso respaldado por la Fiscalía es la falta de correspondencia entre el trabajo facturado por la acusación particular y el éxito real de sus pretensiones. Durante el proceso, la acusación llegó a imputar delitos mucho más graves (prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos) y solicitó una indemnización de 300.000 euros por daños morales. Sin embargo, la sentencia final condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos en su modalidad menos grave (artículo 417.1 del Código Penal) y fijó la indemnización en 10.000 euros. El Ministerio Fiscal recalca que las costas procesales (cercanas a los 40.000 euros) superan ampliamente la propia responsabilidad civil, y reprocha al Supremo que haya omitido valorar el fracaso de gran parte de la construcción jurídica de la acusación a la hora de tasar las costas. Contra el abogado de González Amador El escrito de alegaciones también pone el foco en la necesidad de acreditar que la acusación particular (el abogado de González Amador, pareja de Ayuso) realmente ha asumido frente a su abogado la millonaria deuda que ahora pretende repercutir al condenado. La Fiscalía advierte que participar en un caso de esta notoriedad pública otorga un indudable «posicionamiento profesional» al letrado. En este sentido arguye que no se puede dar por supuesta una obligación económica de tal envergadura sin requerir la hoja de encargo profesional o los pactos de honorarios previos. Por ello pide a la Sala que revoque el decreto de imposición de costas y realice una nueva valoración pormenorizada, con una «motivación individualizada y suficiente».
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