Capturar capos no resuelve la inseguridad si persiste la complicidad política: Alejandro Moreno
El senador y dirigente del PRI advierte que la caída de cabecillas solo genera reemplazos inmediatos y exige desmantelar los pactos de corrupción en las estructuras gubernamentales
La estrategia de seguridad centrada prioritariamente en el arresto de los grandes líderes del crimen organizado es insuficiente y fallida si no se combate de fondo la red de complicidad política que sostiene la impunidad de los cárteles.
Así lo aseveró el senador Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y titular de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), durante su intervención en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia.
En el marco de la mesa de discusión sobre "Modelos de Gobernanza", el dirigente priista cuestionó el enfoque tradicional con el que las autoridades han abordado el combate a la delincuencia organizada en México, señalando que la mera captura de capos no desarticula la estructura criminal subyacente.
El ciclo inútil
Durante su ponencia, Alejandro Moreno puso en duda la efectividad de los operativos enfocados únicamente en descabezar a las organizaciones delictivas, argumentando que la remoción de líderes no erradica el problema social ni operativo de la violencia.
"Cree uno, como creen en México, que deteniendo capos —10, 20, 30 capos— es como van a resolver los temas de seguridad. Pueden detener a un capo del crimen organizado, y sale otro", enfatizó el legislador.
Según el planteamiento del dirigente opositor, la estrategia punitiva de exhibir detenciones de alto perfil genera un espejismo de avance institucional mientras las estructuras financieras y los mecanismos de reclutamiento de los cárteles permanecen intactos, provocando una rápida sustitución de mandos dentro de las bandas criminales.
La supuesta complicidad en el poder
El punto más álgido de la postura presentada por el senador radica en dirigir la acción de la justicia hacia los verdaderos facilitadores del crimen organizado dentro de la esfera pública. Moreno sostuvo que los cárteles no pueden operar con libertad ni sembrar el terror entre la población sin la aquiescencia o el pacto explícito de figuras con poder político.
"Hay que detener a los jefes de los capos, que son los políticos, muchas veces, que participan en los gobiernos y que se permite el pacto con los cárteles del crimen organizado", sentenció Moreno.
Para el presidente de la COPPPAL, la erradicación del crimen organizado requiere ser implacables contra la corrupción gubernamental. Exigió la desarticulación inmediata de las redes de protección oficial que otorgan impunidad a los cárteles y les permiten arrebatar la tranquilidad a las familias mexicanas.
Frente al esquema centrado de manera reactiva en el uso de la fuerza y las aprehensiones mediativas, Moreno propuso sustituir la política actual por un modelo de gobernanza basado en cinco ejes fundamentales que ataquen las causas estructurales del deterioro social.
Fortalecimiento del capital humano institucional: Dotar a los cuerpos de seguridad de capacitación técnica, formación continua, mística de servicio y salarios dignos con prestaciones adecuadas.
Desarrollo de infraestructura operativa: Proveer el equipamiento y la tecnología necesarios para que el Estado ejerza con eficacia el monopolio legítimo de la fuerza.
Garantía de servicios básicos estructurales: Consolidar una política integral de gobernanza que integre la educación y la salud como pilares para reconstruir el tejido social.
El legislador remarcó que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la seguridad ciudadana como condición previa para cualquier ejercicio democrático real.
Redefinición de la soberanía
En su diagnóstico sobre el panorama nacional, el dirigente del PRI denunció un deterioro institucional acumulado en los últimos ocho años en México, el cual ha afectado de forma directa el Estado de derecho y la confianza ciudadana en los órganos de gobierno.
Asimismo, planteó una redefinición del concepto de soberanía nacional, desligándolo de discursos teóricos o demarcaciones puramente territoriales. Para el legislador, la soberanía real se mide en el bienestar cotidiano de la población: en la capacidad de los ciudadanos para caminar por las calles, trabajar, salir con sus familias y vivir en paz sin el temor constante de ser víctimas del delito.
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