Finlandia prorroga dos años más la ley de devolución en caliente en su frontera con Rusia
La prórroga de la llamada Ley de Seguridad Fronteriza, promulgada inicialmente en 2024, fue aprobada por una clara mayoría de 170 votos a favor y 19 en contra, tras ser tramitada por el procedimiento de urgencia, ya que esta norma legislativa de carácter temporal prescribía a finales de este año.
El Gobierno finlandés propuso en septiembre pasado extender su vigencia dos años más alegando que la amenaza de que Rusia vuelva a alentar la llegada de refugiados de terceros países a la frontera común sigue siendo alta.
"El panorama de la seguridad fronteriza no indica en absoluto que la situación haya mejorado en modo alguno. Por ello, la renovación y continuidad de la Ley de Seguridad Fronteriza es absolutamente imprescindible", afirmó tras la votación el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.
Esta ley autoriza a la Guardia de Fronteras a suspender temporalmente la admisión de solicitudes de asilo, bloquear el paso a los refugiados e inmigrantes que quieran entrar en el país y devolverlos a Rusia cuando el Gobierno considere que se trata de "migración instrumental".
Su aplicación requiere una decisión específica por parte del Ejecutivo y solo puede aplicarse si no existen otros medios suficientemente eficaces como para salvaguardar la soberanía o la seguridad nacional de Finlandia.
La ley entró en vigor el 22 de julio de 2024, después de que el año anterior se produjese un inusual aumento en la llegada de refugiados de terceros países a través de la vecina Rusia, un fenómeno que Helsinki consideró "un ataque híbrido" por parte de Moscú en respuesta al ingreso de Finlandia en la OTAN.
Su vigencia inicial era de un año, pero en 2025 el Gobierno finlandés decidió prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2026, tras constatar que había servido para frenar casi totalmente el flujo de solicitantes de asilo.
El país nórdico decidió además cerrar todos los pasos fronterizos con Rusia al tráfico de personas y construir una valla metálica con videovigilancia en los puntos más vulnerables de los 1.340 kilómetros de frontera.
Pese a tratarse de una solución temporal, la polémica ley despertó las críticas de parte de la oposición y de funcionarios y juristas del país nórdico, ya que contraviene la legislación internacional en materia de migración y asilo.
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