Caaguazú Noticias Digital
18/11/2026 11:39

Contralor se aferra al cargo ante amenaza de juicio político y tira el fardo a la Fiscalía

Mientras la oposición impulsa su juicio político, el titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, ratificó que seguirá en el cargo y que en todo caso se someterá al proceso, aunque el resultado sea su destitución. Considera que dar un paso al costado, sería asumir que cometió un error.

“Yo tengo una obligación moral de defender mi honor. Yo, personalmente, no me considero una persona corrupta. Nunca he ganado un solo guaraní fuera de mi salario en estos 10 años que estoy en la Contraloría”, dijo.

“Y yo tengo una familia que está conmigo, tengo hijas chicas y yo no les puedo enseñar a ellas que cuando hay una crisis su papá corre como una rata o como un culpable, yo tengo la obligación personal de ir hasta el final y de defender mi honor, independientemente al resultado”, expresó en Radio Monumental 1080 AM.

“Y yo tengo una familia que está conmigo, tengo hijas chicas y yo no les puedo enseñar a ellas que cuando hay una crisis su papá corre como una rata o como un culpable, yo tengo la obligación personal de ir hasta el final y de defender mi honor, independientemente al resultado”.
Camilo Benítez, contralor general de la República.

A Benítez se lo acusa de blanquear la situación de Santiago Peña, ya que el examen de correspondencia realizado al ex presidente de la República no incluyó el periodo en que estuvo fuera de la función pública (2017-2023), tiempo en el que su patrimonio creció más de G. 20.000 millones.

La verificación abarcó solo el periodo desde su asunción como presidente de la República hasta octubre de 2025, sin irregularidades detectadas por la CGR.

La crítica no es nueva y de hecho logró recientemente su reelección de la mano del Partido Colorado en medio de una fuerte disputa con la oposición que insistía en su salida.

Al respecto, el contralor insiste en explicaciones técnicas y limitaciones, al tiempo de admitir que quizás no son suficientes en el ámbito político, especialmente tras la destitución y encarcelamiento del ex presidente de la República tras el escándalo de ueno bank. De esta manera no solo intentó lavarse las manos en esta situación, sino que además responsabilizó a la Fiscalía de las inacciones.

“Para nosotros, este caso del presidente fue una enorme sorpresa en el sentido negativo. Un tipo que fue la mayor estafa política que tuvo la historia del Paraguay, pero nosotros tenemos que circunscribirnos a nuestro trabajo y a la trazabilidad, pero hay algo que es muy importante; la Contraloría tiene una limitación legal e importante que no tiene la Fiscalía”, apuntó el contralor.

“Para nosotros, este caso del presidente fue una enorme sorpresa en el sentido negativo. Un tipo que fue la mayor estafa política que tuvo la historia del Paraguay, pero nosotros tenemos que circunscribirnos a nuestro trabajo y a la trazabilidad, pero hay algo que es muy importante; la Contraloría tiene una limitación legal e importante que no tiene la Fiscalía”.
Camilo Benítez, contralor general de la República.

En ese sentido desmintió el comunicado del ex fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien dijo que la CGR no entregó los informes solicitados y además mencionó que el Ministerio Público sí puede evaluar la evolución patrimonial de Peña cuando trabajaba en el sector privado, verificar si pagó los impuestos correspondientes o analizar cómo adquirió acciones de Credicentro, que luego fue ueno.
Cuestionó además la inacción del Ministerio Público cuando ya se conocía la denuncia de la empleada Luz Candado sobre recepción de sobres en efectivo. “O sea, ellos podrían haber hecho este allanamiento que hicieron ahora no sé hace cuántos años, se podría haber incautado los teléfonos que hoy incautaron”, reclamó.

Proyecto de ley
Ante las limitaciones que argumentó, comentó que quizás amerita modificar la ley de declaraciones juradas.

“Ahora invoco a una reflexión acerca si no amerita, y ojalá que el Congreso, estos propios congresistas que ahora están cuestionando nuestro trabajo, capaz amerita actualizar la Ley Declaraciones Juradas y darle mayores competencias a la Contraloría, inclusive de poder hacer tasaciones, de hacer allanamientos, incautaciones, capaz que sí”, dijo.

“Ahora invoco a una reflexión acerca si no amerita, y ojalá que el Congreso, estos propios congresistas que ahora están cuestionando nuestro trabajo, capaz amerita actualizar la Ley Declaraciones Juradas y darle mayores competencias a la Contraloría, inclusive de poder hacer tasaciones, de hacer allanamientos, incautaciones, capaz que sí”.
Camilo Benítez, contralor general de la República.

Así también, mencionó que dos equipos trabajan en la Superintendencia de Bancos para determinar las responsabilidades de los procesados y cree que el informe estará listo antes que termine el año.

Ampliará examen de correspondencia
El contralor también mencionó que el examen de correspondencia de declaraciones juradas no otorga un “certificado de honestidad” y confesó que puede haber “grandes ladrones” que pasaron por la evaluación, ya que generalmente no declaran bienes, cuyo origen no pueden explicar.

Sobre el caso Peña, dijo que no se puede revisar el proceso realizado, porque sería admitir que se cometió un “error imperdonable”, pero comentó que se puede actualizar la verificación desde octubre de 2025 hasta la actualidad.

“Tenemos un año de tiempo para ver cuál fue su movimiento financiero, ver si pagó el crédito o si es una operación de lavado de dinero, le iniciamos un pedido de informe sobre todo a su familia también ante la posibilidad de que el haya comprado algo y puesto a nombre de su nuera, sus hijos o su esposa”, detalló.

“Tenemos un año de tiempo para ver cuál fue su movimiento financiero (de Peña), ver si pagó el crédito o si es una operación de lavado de dinero, le iniciamos un pedido de informe sobre todo a su familia también ante la posibilidad de que el haya comprado algo y puesto a nombre de su nuera, sus hijos o su esposa”.

Camilo Benítez, contralor general de la República.
En ese sentido explicó que se pide informe a todos los organismos financieros y registros públicos para analizar que existan activos a nombres de sus familiares.

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