Fraude en la UOM: Abel Furlán dijo que no hubo delito en el contrato millonario con la empresa que administró la caja del gremio
Abel Furlán, exjefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), presentó hoy un escrito en la causa que investiga una presunta defraudación en el gremio durante su gestión, al firmar un contrato millonario con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que administró la caja del gremio y los aportes de los afiliados. La USEM estaba a cargo, por entonces, de María Soledad Calle, empleada del sindicato y la militante que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, en San José 1111.
“No hay nada irregular ni delictivo”, sostuvo Furlán al presentarse en los tribunales de Comodoro Py.
La hipótesis del caso señala que el gremio y la obra social contrataron a USEM, que había sido creada 82 días antes, para administrar sus fondos y aportes de afiliados. Y entre sus accionistas estaba Calle, empleada de la UOM. Según un informe reservado que elaboró la actual intervención del sindicato, la firma recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios.
Furlán llegó a los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, Alejandro Rúa. Después de una media hora, se retiraron y lo primero que explicaron fue que presentaron un escrito, en el que negaron las acusaciones y solicitaron tener acceso a una parte reservada del expediente. “No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia”, señaló en el texto que entregó a la Justicia.
La causa tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini y tiene como fiscal a Eduardo Taiano. En la citación a indagatoria, el magistrado había firmado: “Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”.
En tanto, Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y menos de tres meses después comenzó a administrar los fondos del gremio. Su citación a indagatoria está prevista para la próxima semana.
En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.
La Justicia confirmó que Calle tuvo una relación laboral con la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. “La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, destacó Ercolini en su citación a indagatoria.
A propósito del acuerdo que el sindicato firmó con la empresa de una de sus empleadas, Furlán indicó: “No hubo ningún contrato secreto ni confidencial ni nada parecido. No se ha eliminado ninguna auditoría y los controles externos permanecen inalterados y fortalecidos, así como todos los resguardos patrimoniales que corresponden”.
El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.
Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici.
Previo al llamado a indagatorias, el juez ya había solicitado medidas de prueba. En septiembre, Ercolini levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de los investigados con pedidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
LA NACION reveló en agosto pasado que la sindicalista María Soledad Calle había comprado el primer piso de San José 1111. La operación se concretó el 20 agosto de 2025, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner.
Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad de 252 m2, según un documento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”.
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