La Nacion
18/11/2026 11:42

Sin suba del crédito y sin dólares en el colchón

Desde 2025, el gobierno nacional busca incansablemente seducir a quienes poseen “dólares en el colchón” -frase que sintetiza el ahorro declarado y no declarado en moneda extranjera- para que, en primer lugar, se regularice ese ocultamiento, a la vez que se pretende reactivar la economía con esa inyección de dinero e iniciar un ciclo de crecimiento económico.

Todos los pronósticos de consultoras privadas (sean que forman parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado -REM- del Banco Central de la República Argentina o no), de organismos financieros internacionales y las mismas estadísticas oficiales lo ratifican; la actividad económica en el 2026 cerrará con un crecimiento menor al 1% del PBI que deja sin arrastre para el 2027, año de las elecciones presidenciales.

Sumemos dos elementos más: las altas tasas de interés (que el mismo gobierno se niega a regular) y la alta morosidad familiar y de empresas (se multiplicaron por cinco en dos años) impiden el crecimiento del crédito personal y empresario, este último también condicionado por el magro desempeño de la demanda agregada interna.

Todo este panorama macroeconómico obliga a no perder de vista las obligaciones de pago de deuda del país (solo para el 2027 supera los 27.000 millones de dólares) en un contexto de caída de la recaudación tributaria, suba del riesgo país y, por ende, la inaccesibilidad al financiamiento externo.

¿Cómo identificar operaciones sospechosas cuando se dispensa de obtener información que podría resultar indispensable para detectarlas?

Argentina vuelve a recurrir a un mecanismo de regularización patrimonial con el régimen de inocencia fiscal y la Resolución 144/26 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que flexibiliza significativamente los controles para prevenir el lavado de activos.

Incorporar ahorros al circuito formal constituye un objetivo legítimo. También es cierto que conservar dólares en efectivo no implica necesariamente una actividad ilícita. Sin embargo, una cosa es regularizar la situación tributaria de un contribuyente y otra muy distinta es acreditar la legitimidad del origen de sus fondos.

Desde 2025, el Gobierno nacional insiste en movilizar los “dólares del colchón”, tanto declarados como sin declarar, para regularizar los fondos ocultos y reactivar la economía

El sistema permite incorporar activos que permanecieron fuera del circuito formal mediante un mecanismo de exteriorización continuada, con un período transitorio hasta diciembre de 2027. Estamos frente a una nueva modalidad de blanqueo patrimonial permanente, aunque bajo otra denominación.

La resolución establece que la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada constituye un “antecedente favorable” para evaluar el riesgo de lavado de activos. Pero ¿desde cuándo una constancia de adhesión tributaria acredita la licitud de un patrimonio? Que ARCA verifique determinadas condiciones fiscales no significa que haya investigado la procedencia de los fondos. Esa adhesión puede ser un elemento favorable, pero solamente dentro de una evaluación integral de los riesgos del cliente.

Otra inconsistencia consiste en utilizar el umbral penal de evasión tributaria para justificar controles reducidos sobre determinadas operaciones financieras. Se confunde así el monto del impuesto evadido con el importe de los fondos ingresados. Además, aunque se descartara la evasión fiscal, subsistirían los riesgos de lavado provenientes del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y otros delitos.

Pero la contradicción más grave aparece en el artículo 15, que dispensa de acreditar el origen de los fondos, documentar la actividad económica y verificar su correspondencia con la capacidad de ahorro del cliente.

Ahorros bajo el colchón

¿Cómo identificar operaciones sospechosas cuando se dispensa de obtener información que podría resultar indispensable para detectarlas?

La contradicción se profundiza con el artículo 18, que pretende otorgar protección a quienes apliquen correctamente el régimen, incluso si posteriormente se descubre el origen ilícito de los fondos, con determinadas excepciones. Mientras tanto, los artículos 19 y 20 contemplan cuestionamientos a controles desproporcionados y la supervisión de las medidas aplicadas.

Así, los sujetos obligados quedan atrapados entre dos exigencias: reducir controles y responder por la prevención del lavado de activos. Los clientes tampoco obtienen certezas, porque la adhesión tributaria no impide que las entidades soliciten información adicional.

Sería paradójico que la adhesión fiscal favoreciera a los contribuyentes y jugara en contra de la Argentina en futuras evaluaciones del GAFI.

Lejos de brindar seguridad jurídica, la resolución genera incertidumbre para todos.

Finalmente, la UIF invoca las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que admiten controles simplificados cuando existen riesgos objetivamente menores. Pero la adhesión tributaria no demuestra, por sí sola, un menor riesgo de lavado de activos.

Sería paradójico que un régimen que considera la adhesión fiscal un “antecedente favorable” para los contribuyentes terminara constituyendo un “antecedente desfavorable” para la Argentina ante futuras evaluaciones del GAFI.

En definitiva, la Resolución 144/2026 flexibiliza controles mientras proclama que todas las obligaciones preventivas permanecen intactas. Una regulación plagada de contradicciones que, lejos de aportar certezas, confirma que cuando se pretende aclarar, solo se termina oscureciendo. Y en este marco macroeconómico, solo profundiza la incertidumbre.

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