OviedoPress
18/11/2026 13:00

Ante amenaza de juicio político, Camilo Benítez se aferra al cargo y responsabiliza a la Fiscalía por el caso Peña

  • Camilo Benítez descartó presentar su renuncia ante el avance del juicio político y aseguró que defenderá su gestión hasta las últimas consecuencias.
  • El contralor cuestionó al Ministerio Público por no investigar durante años el crecimiento patrimonial de Santiago Peña, pese a las denuncias existentes.
  • La Contraloría iniciará una nueva verificación de movimientos financieros del exmandatario y solicitará informes sobre los bienes de su esposa, hijos y nuera.
Camilo Benítez, contralor general. ll Archivo

El contralor general de la República, Camilo Benítez, descartó renunciar al cargo ante las amenazas de juicio político impulsadas por sectores de la oposición, tras los cuestionamientos al examen de correspondencia de las declaraciones juradas del expresidente Santiago Peña. El titular de la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que está dispuesto a someterse al proceso y defender su honor, al tiempo de responsabilizar al Ministerio Público por no investigar durante años el crecimiento patrimonial del exmandatario.

Benítez sostuvo que dar un paso al costado significaría admitir una responsabilidad que rechaza. Afirmó que no se considera una persona corrupta y que durante sus diez años al frente de la institución no obtuvo ingresos fuera de su salario.

“Yo tengo una obligación moral de defender mi honor. Yo, personalmente, no me considero una persona corrupta. Nunca he ganado un solo guaraní fuera de mi salario en estos 10 años que estoy en la Contraloría”, manifestó.

También hizo referencia a su familia para justificar su decisión de permanecer en el cargo y enfrentar un eventual proceso de destitución. “Yo no les puedo enseñar a ellas que cuando hay una crisis su papá corre como una rata o como un culpable, yo tengo la obligación personal de ir hasta el final y de defender mi honor, independientemente al resultado”, expresó.

Benítez enfrenta cuestionamientos por el examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas de Santiago Peña, que no incluyó el periodo comprendido entre 2017 y 2023, cuando el exmandatario se encontraba fuera de la función pública y su patrimonio habría aumentado en más de G. 20.000 millones.

La verificación de la Contraloría abarcó el periodo comprendido entre la asunción de Peña a la Presidencia de la República y octubre de 2025. Según el organismo, durante ese lapso no se detectaron irregularidades. Sin embargo, la exclusión de los años anteriores generó fuertes críticas y acusaciones de un supuesto blanqueamiento de la situación patrimonial del exmandatario.

El contralor defendió el alcance del procedimiento y sostuvo que la institución tiene limitaciones legales que impiden realizar determinadas diligencias, a diferencia de las atribuciones del Ministerio Público. No obstante, reconoció que las explicaciones técnicas podrían no resultar suficientes ante los cuestionamientos políticos.

“Para nosotros, este caso del presidente fue una enorme sorpresa en el sentido negativo. Un tipo que fue la mayor estafa política que tuvo la historia del Paraguay, pero nosotros tenemos que circunscribirnos a nuestro trabajo y a la trazabilidad”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó las declaraciones del exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien había señalado que la Contraloría no entregó los informes solicitados por el Ministerio Público. Benítez aseguró que la Fiscalía cuenta con herramientas para investigar la evolución patrimonial de Peña durante su paso por el sector privado, verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y analizar la adquisición de acciones de Credicentro, posteriormente vinculada a Ueno.

También apuntó a la falta de actuación fiscal ante denuncias que ya eran conocidas, como la realizada por la empleada Luz Candado, relacionada con la supuesta recepción de sobres con dinero en efectivo.

“Ellos podrían haber hecho este allanamiento que hicieron ahora no sé hace cuántos años, se podría haber incautado los teléfonos que hoy incautaron”, reclamó, en referencia a los procedimientos realizados recientemente en el marco de la investigación.

Ante las limitaciones legales que argumentó, Benítez planteó la posibilidad de modificar la legislación sobre declaraciones juradas para ampliar las facultades de la Contraloría. Entre las atribuciones que mencionó figuran la realización de tasaciones, allanamientos e incautaciones.

“Capaz amerita actualizar la Ley de Declaraciones Juradas y darle mayores competencias a la Contraloría, inclusive de poder hacer tasaciones, de hacer allanamientos, incautaciones”, señaló, al instar al Congreso a analizar una eventual reforma.

Por otra parte, informó que dos equipos de trabajo se encuentran realizando tareas en la Superintendencia de Bancos para determinar las responsabilidades de las personas procesadas en el caso relacionado con Ueno. Estimó que el informe correspondiente estaría listo antes de finalizar el año.

Respecto al examen de correspondencia de Peña, el contralor aclaró que este tipo de procedimientos no constituye un certificado de honestidad y admitió que personas que podrían haber cometido hechos ilícitos pueden superar las verificaciones si no declaran bienes cuyo origen no pueden justificar.

Asimismo, descartó revisar el procedimiento anterior, al considerar que hacerlo implicaría reconocer un error que calificó como imperdonable. Sin embargo, anunció que la institución realizará una nueva evaluación para actualizar el control desde octubre de 2025 hasta la actualidad.

“Tenemos un año de tiempo para ver cuál fue su movimiento financiero, ver si pagó el crédito o si es una operación de lavado de dinero”, explicó.

El nuevo requerimiento de información también alcanzará al entorno familiar del expresidente, ante la posibilidad de que determinados bienes hayan sido adquiridos por él, pero registrados a nombre de terceros. En ese sentido, la Contraloría solicitará datos a organismos financieros y registros públicos para identificar eventuales activos a nombre de su esposa, hijos y nuera.

La nueva verificación buscará establecer si existieron movimientos patrimoniales que no fueron contemplados en el examen anterior, mientras Benítez enfrenta la presión política de los sectores que impulsan su juicio político y exige que las responsabilidades por la falta de investigación también sean atribuidas al Ministerio Público.

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