Diputado descarta juicio político al contralor y defiende la institucionalidad
En medio de la tormenta política desatada tras la salida del expresidente Santiago Peña, imputado por administración en provecho propio, el diputado colorado Hugo Meza fijó la postura oficial de su sector, blindando la gestión del contralor general de la República, Camilo Benítez, frente a los pedidos de enjuiciamiento.
Al referirse al escenario abierto tras el alejamiento del exmandatario, Meza destacó la postura del Legislativo como “un claro mensaje que hemos tomado desde la Cámara de Diputados”, subrayando la relevancia de separarlo por su responsabilidad política al expresidente Santiago Peña”.
Sobre el exjefe de Estado, admitió que “tuvo algunas actuaciones flojas, débiles, no estuvo a la altura de las circunstancias”, por lo que aseguró que no les va a temblar el pulso para tomar las decisiones políticas por más dolorosa que sea.
Sin embargo, el legislador trazó una línea divisoria firme al ser consultado sobre el rol del contralor Camilo Benítez y el impulso de un juicio político en su contra. Meza descartó de plano acompañar esa iniciativa, apelando a la coherencia institucional y a los votos emitidos días atrás en el Parlamento.
En esa línea, sostuvo que “hay que reencauzar la institucionalidad, reconstruir la confianza de la ciudadanía y eso no significa echar masivamente a todas las autoridades”.
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Ante las insistentes preguntas sobre el examen de correspondencia de Peña, cuestionado por omitir alertas sobre una mansión y un préstamo que superaba 16 veces su salario, Meza ratificó su respaldo al titular del ente de control: “Goza plenamente de la confianza”.
El diputado explicó que la labor de la Contraloría tiene un alcance estrictamente técnico y documental, desligando a Benítez de cualquier sospecha de encubrimiento. “Lo que se refiere al examen de correspondencia no significa un certificado de honestidad, es una verificación documental sobre la trazabilidad de la presentación de ese funcionario”, puntualizó,
Seguido añadió que las consultas sobre las nuevas imputaciones y el patrimonio de 9 millones de dólares deben trasladarse directamente a las autoridades contraloras.
Una represalia política
Para el parlamentario, la ofensiva contra Benítez carece de sustento jurídico y responde a una represalia política vinculada a gestiones anteriores de la institución. “No hay argumentos valederos más que una vendetta política para poder instalar”.
Según su análisis, la oposición busca “construir un relato para echarle al contralor porque ese contralor tuvo una opinión, tuvo un estudio y un informe el cual se ha hecho en relación al intendente echado por corrupción de Ciudad del Este”.
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Finalmente, Meza adelantó parte de su agenda inmediata en el Parlamento, enfocada en reuniones con el Banco Central del Paraguay (BCP) y la ministra de Trabajo para buscar salidas legales y laborales para los ahorristas y cerca de 6.000 trabajadores damnificados de empresas vinculadas.
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