ABC Color — Artículos
18/11/2026 12:45

Juez se opone a la desestimación de denuncia por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes

Para el juez penal de Garantías José Agustín Delmás, no se han agotado aún las diligencias que permitan dar por concluida la investigación de supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, específicamente abuso sexual en niños, a cargo de la fiscala Daisy Sánchez.

Por esta razón, el magistrado dio trámite de oposición a la solicitud de desestimación presentada a través del Requerimiento N° 50, del 6 de octubre pasado. En consecuencia, Delmás devolvió el dictamen a la fiscala Sánchez, para que decida si se ratifica o se rectifique en su postura.

Este es un caso sumamente polémico, debido a que la secretaria general del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay (SIMIPAR) Carolina Palacios, reveló que la persona denunciada contaba con protección, debido a su parentesco con un alto exponente de la Fiscalía.

Rolón conformó nutrido equipo fiscal para indagar a sindicalista que lo denunció

Como consecuencia de sus declaraciones respecto a esta y otras irregularidades, el entonces fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de una investigación sobre la supuesta comisión de los delitos de revelación de un secreto de carácter privado, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial y con intención de perjudicar a otro.

Denuncia sobre supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes merece más análisis

“En el caso que nos ocupa, se considera que existen diversos elementos probatorios que deben ser debatidos y analizados con mayor profundidad, teniendo en cuenta la complejidad del caso y la obligatoriedad en que deben ceñir sus actuaciones el Ministerio Público en consideración a la búsqueda de la verdad, prevista en el art 172 del CPP, que a su vez constituye un pilar ético y jurídico en el accionar del ente investigador, cuyos actos investigativos deben dirigirse al esclarecimiento de todo hecho denunciado, agotando todas las diligencias pertinentes y necesarias”, explica el juez.

Denuncia de supuesto abuso a niña se desestimó luego de más de 16 años

Asimismo, en el auto interlocutorio (AI) N° 943, el magistrado agrega que “el supuesto hecho punible endilgado al sospechado se encuentra dentro de las disposiciones legales del art 135 “abuso sexual en niños” cuya supuesta víctima sería un menor, y cuya obligación del estado referente a la protección de niños posee rango constitucional por lo que corresponde darle el trámite previsto en el art. 314 primer párrafo del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente remitirse estos autos a la Agente Fiscal interviniente, para que ratifique o rectifique el requerimiento de desestimación presentado".

Si agente se ratifica, juez puede recurrir a la Fiscalía General del Estado

En caso de que la agente persista en su petición inicial, el juez podrá remitir el expediente al fiscal general del Estado para que examine la actuación de la fiscala inferior y defina si avala o no la desestimación de esta denuncia de supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes.

Este trámite está previsto en el Código Procesal Penal (CPP), que establece además que en caso de que la Fiscalía adjunta ratifique el dictamen del fiscal del caso, el juzgado no tendrá otra alternativa que disponer confirme a lo requerido por el Ministerio Público.

El artículo 314 del CPP.- Oposición del juez, estabece lo siguiente:

  • “Cuando el juez no admita lo solicitado por el fiscal en el requerimiento, le remitirá nuevamente las actuaciones para que modifique su petición en el plazo máximo de diez días.
  • Si el fiscal ratifica su requerimiento y el juez insiste en su oposición se enviarán las actuaciones al Fiscal General del Estado, o al fiscal superior que él haya designado, para que peticione nuevamente o ratifique lo actuado por el fiscal inferior.
  • Cuando el Ministerio Público insista en su solicitud, el juez deberá resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por el querellante o la víctima, en su caso”.
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