Tras 8 años de litigios en EEUU y un fallo definitivo de la Suprema Corte en México, los documentos secretos filtrados por Deutsche Bank revelaron cómo 7 bancos principales pactaron precios de bonos gubernamentales a través de chats de Bloomberg, provocando un daño de 29.3 millones de pesos en operaciones que alcanzaron a las Afores y obligando a reforzar las reglas para proteger el ahorro de los trabajadores
Documentos internos de Deutsche Bank revelan que el banco activó el operativo de control de daños “Proyecto Pearl” tras verse involucrado en la manipulación de precios de bonos gubernamentales mexicanos junto con otros seis bancos.
La práctica anticompetitiva impactó operaciones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y llevó a la entidad a reservar en secreto 20 millones de dólares, aunque finalmente pagó en México una multa de 8.7 millones de pesos tras acogerse al programa de inmunidad, según una investigación publicada por El Universal.
La información se desprende de los archivos obtenidos por la investigación periodística transnacional Inside Deutsche Bank, coordinada en América Latina por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Barracuda Media, así como de las resoluciones oficiales de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
La manipulación ocurrió entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 en el mercado secundario de deuda pública.
Aunque el litigio civil en tribunales de Nueva York concluyó en agosto de 2026 con un acuerdo conjunto de 107.1 millones de dólares por parte de los bancos demandados, los registros corporativos muestran cómo la matriz en Frankfurt gestionó durante años el riesgo reputacional y financiero lejos del escrutinio público.
¿Cómo manipularon los bancos los bonos del gobierno mexicano?
Las instituciones financieras involucradas formaban parte del grupo de formadores de mercado autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar la compra y venta continua de deuda emitida por el gobierno mexicano.
En lugar de competir para ofrecer las mejores tasas y condiciones a los inversionistas, 11 operadores (traders) de Barclays, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer y J.P. Morgan utilizaron chats privados de la plataforma electrónica Bloomberg para coordinarse ilegalmente.
Según quedó acreditado en el expediente IO-006-2016 de la autoridad antimonopolio mexicana, los operadores realizaron tres prácticas:
- Pactar precios y tasas de cierre: acordaban artificialmente el nivel en el que cerrarían los rendimientos de los bonos al final de la jornada bursátil.
- Distorsionar recomendaciones a clientes: planificaban qué información o sugerencias entregarían a los compradores institucionales para alterar su percepción sobre el comportamiento real del mercado.
- Retirar posturas de forma simultánea: quitaban al mismo tiempo sus ofertas de compra o venta en las pantallas de los intermediarios electrónicos para frenar la variación natural de los precios y obligar a los clientes a aceptar peores cotizaciones.
¿Qué papel tuvo Deutsche Bank en el esquema?
Deutsche Bank mantuvo una participación central. Dos de sus operadores sostuvieron una comunicación recurrente con colegas de Barclays y Bank of America para fijar cotizaciones.
Por esa razón, cuando el regulador mexicano emitió su fallo en 2021, impuso a la filial mexicana del banco alemán la multa individual más elevada del expediente: 8.7 millones de pesos, equivalentes a unos 430 mil dólares de aquel momento. La sanción superó los 6.3 millones asignados a Barclays y las multas impuestas al resto de los bancos.
Deutsche Bank reservó 20 millones de dólares... ¿Por qué?
Cuando la autoridad de competencia notificó en abril de 2017 el inicio formal de la investigación mediante un aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la identidad de los bancos investigados aún se mantenía bajo reserva legal. Ese mismo mes, la filial mexicana Deutsche Securities Casa de Bolsa recibió un requerimiento oficial sobre sus operaciones desde 2006.
La matriz en Frankfurt abrió entonces el expediente interno “Proyecto Pearl” y lo clasificó dentro de su portafolio de “Asuntos de Mayor Riesgo”, junto con otras indagatorias similares por deuda soberana en Reino Unido, identificada como “Proyecto Crown”, y Estados Unidos, bajo el nombre “Proyecto Turtle & Quantum”.
Después de contratar a despachos internacionales y a la consultora forense Charles River Associates, que auditó más de 250 mil transacciones y rastreó teléfonos privados de exoperadores, el banco concluyó que existía más de un 50 por ciento de probabilidad de recibir una sanción severa.
Ante ese escenario, el área jurídica ordenó apartar una provisión financiera de 20 millones de dólares, cerca de 400 millones de pesos, para el caso mexicano. También reservó entre 5 y 10 millones de dólares adicionales para negociar la demanda colectiva en Estados Unidos.
Para evitar que los inversionistas y el mercado conocieran esta contingencia, la institución se amparó en el párrafo 92 de la Norma Internacional de Contabilidad 37, que permite omitir el desglose público de reservas financieras cuando su divulgación puede perjudicar el resultado de un litigio en curso.
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La multa en México fue menor a la reserva del banco
El golpe económico en México terminó siendo menor por dos razones:
- Acceso al Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones: en noviembre de 2017, Deutsche Bank presentó una declaración formal de hechos ante el regulador mexicano, admitió conductas irregulares y entregó 280 conversaciones de sus operadores. Al obtener el segundo lugar dentro del programa de clemencia, aseguró por ley una reducción de hasta el 50 por ciento sobre la sanción máxima aplicable y la confidencialidad sobre su colaboración.
- Cálculo estricto del daño comprobado: como explicó la excomisionada presidenta de la COFECE, Alejandra Palacios, la autoridad no calculó la multa sobre el volumen total de bonos intercambiados en el país, sino únicamente sobre 142 transacciones específicas del mercado secundario en las que existía prueba documental de sobreprecio.
Así, la multa definitiva de 8.7 millones de pesos representó una pequeña fracción de los recursos que el banco alemán había reservado. La sanción fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2025, después de que rechazó los amparos de los bancos.
¿Cómo afectó la manipulación a las Afores?
Aunque el mercado de bonos gubernamentales suele percibirse como un espacio técnico para bancos y casas de bolsa, su funcionamiento repercute en las finanzas personales de millones de trabajadores mexicanos.
Los bonos emitidos por el gobierno federal, como los Bonos M o Udibonos, constituyen la principal inversión en la que las Afores colocan los ahorros para el retiro de los empleados formales, debido a su seguridad y rendimiento constante.
Cuando un grupo de bancos altera artificialmente el precio de esos títulos en el mercado secundario o fuerza cotizaciones menos favorables, los fondos institucionales que compran deuda para hacer crecer las pensiones pueden terminar pagando un sobreprecio o recibiendo un menor rendimiento por el dinero de los trabajadores.
En este expediente, el regulador acreditó un daño directo al mercado por 29.3 millones de pesos, distribuido en las 142 operaciones documentadas. Entre ellas se incluyeron transacciones realizadas por operadoras de fondos de retiro.
Los bancos argumentaron que las operaciones cuestionadas representaban apenas el 0.0031 por ciento del volumen total negociado y que los chats eran solo intercambio de información de mercado (market color). Sin embargo, la autoridad antimonopolio y la Suprema Corte determinaron que existió una práctica monopólica absoluta que vulneró la libre competencia.
¿Qué medidas se adoptaron después del caso?
El expediente dio paso a medidas regulatorias y judiciales en México y Estados Unidos:
- Nuevas reglas de conducta en el mercado financiero: desde 2017, la banca comercial, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda suscribieron el Código de Conducta del Mercado de Dinero y Renta Fija, que establece estándares de ética, prohíbe acuerdos informales entre operadores y refuerza la vigilancia sobre las comunicaciones electrónicas en mesas de dinero.
- Mayor escrutinio sobre las mesas de operación: las instituciones financieras en México fortalecieron sus áreas de cumplimiento normativo (compliance) y auditoría interna para detectar patrones atípicos en plataformas de mensajería y operaciones espejo (back to back).
- Precedente judicial definitivo: la resolución unánime de la Suprema Corte en 2025 estableció un criterio sobre la validez de las pruebas electrónicas obtenidas en chats financieros y confirmó las facultades de la autoridad de competencia para sancionar acuerdos colusorios en mercados regulados.
- Compensaciones civiles en el extranjero: en Estados Unidos, fondos de pensiones norteamericanos demandaron a las mismas instituciones bajo el expediente 18-CV-2830 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En agosto de 2026, los bancos acordaron desembolsar 107.1 millones de dólares para cerrar el litigio civil sin admitir responsabilidad legal.

¿Qué debe considerar una persona que tiene una Afore?
El caso muestra por qué las operaciones con deuda pública pueden tener efectos indirectos en el ahorro para el retiro.
La información disponible señala que:
- Las Afores invierten parte de los ahorros para el retiro en bonos emitidos por el gobierno federal.
- Las operaciones documentadas incluyeron transacciones realizadas por operadoras de fondos de retiro.
- El regulador acreditó un daño directo al mercado por 29.3 millones de pesos en 142 operaciones.
- La Suprema Corte confirmó la existencia de una práctica monopólica absoluta y la validez de las pruebas electrónicas utilizadas en el expediente.
¿Qué dejó establecido este caso sobre la deuda pública?
La diferencia entre los 20 millones de dólares reservados por Deutsche Bank y la multa final ejecutada en México muestra la distancia entre la previsión interna de riesgo y el monto de la sanción impuesta.
El expediente también documentó la vulnerabilidad que existía en la negociación diaria de instrumentos donde se resguarda parte del ahorro nacional.
Para los trabajadores que cotizan en una Afore y para los inversionistas institucionales, los códigos de vigilancia y las resoluciones judiciales forman parte del marco utilizado para supervisar prácticas coordinadas en el mercado de deuda pública.
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