Guarderías en suspenso
La advertencia lanzada por el sector de guarderías subrogadas del IMSS enciende una alerta roja para más de 5 mil 300 madres trabajadoras en Baja California y mil 600 empleadas que dependen directamente de 35 estancias infantiles.
El trasfondo es una brecha financiera de casi el 35% que resulta difícil de ignorar, pues mientras los operadores calculan en 10 mil 300 pesos mensuales el costo real por menor para cumplir con las estrictas normas de protección civil impuestas tras la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora como sistemas de detección de humo, calor, incendios, gas y monitoreo constante, el instituto ofrece apenas 6 mil 660 pesos en la frontera norte.
Esta diferencia se agrava en una región donde los costos operativos, los salarios fronterizos y el mantenimiento de inmuebles son considerablemente más altos que en el resto del país. El anuncio de un paro nacional de labores para el próximo 30 de noviembre confirma que las negociaciones están trabadas y que la inconformidad ya alcanzó a la mitad de las delegaciones consultadas en México.
Si el Instituto mexicano del Seguro Social mantiene las tarifas castigadas en su nuevo proceso de licitación, advierten, la consecuencia inmediata no será un simple ahorro presupuestal, sino la cancelación masiva de contratos a partir de 2027.
En ese escenario, las estancias que logren sobrevivir tendrán que migrar hacia esquemas privados, trasladando el costo directamente al bolsillo de miles de familias derechohabientes que difícilmente podrán pagarlo, mientras otras madres se verán obligadas a abandonar sus empleos por no tener dónde dejar seguros a sus hijos.
Urge que la dirección general del IMSS y la delegación estatal abran una mesa técnica con sensibilidad social antes de que el ajuste financiero termine desmantelando una red de cuidados indispensable para la estabilidad laboral de Baja California.
UNIVERSIDAD A CONTRARRELOJ
La llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a Mexicali ya tiene fecha y ubicación concretas. Se espera para marzo de 2027, en un terreno de más de 8 mil metros cuadrados al poniente de la capital del estado. Sin embargo, el anuncio del titular de la Sidurt, Arturo Espinoza Jaramillo, deja entrever que la urgencia social del proyecto va de la mano de los retos que representa su ejecución.
Arrancar operaciones en apenas unos meses con 12 aulas y dos o tres laboratorios suena a una carrera contra el tiempo. Si bien descentralizar la educación superior pública y gratuita hacia un sector históricamente rezagado como el poniente cachanilla es un acierto, el propio funcionario dejó ver que el plantel nacerá apenas en su primera fase y con definiciones aún abiertas sobre sus alcances iniciales.
La verdadera prueba para el Gobierno del Estado no será cortar el listón de esa primera etapa durante la próxima primavera, sino garantizar que el plan de desarrollo no se quede a medias, que lleguen los recursos federales para las siguientes fases y que la zona cuente con transporte y servicios adecuados para recibir a los futuros universitarios.
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