La Audiencia de Barcelona confirma la prisión con un millón de fianza para Jonathan Andic por la muerte de su padre
La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, y confirma la orden de prisión provisional bajo fianza de un millón de euros que el juzgado de instrucción de Martorell dictó el pasado mes de mayo por la muerte de su padre. El hijo de Isak Andic abonó la fianza el mismo día.
La decisión ha sido adoptada por mayoría de dos votos frente a uno, el del presidente de la sala, según ha adelantado 'La Vanguardia'. El tribunal mantiene las medidas cautelares acordadas por la jueza de Martorell, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia semanal ante el juzgado, al apreciar cierto riesgo de fuga debido a la gravedad de la posible pena y a los recursos económicos del investigado.
Los dos magistrados que avalan la prisión admiten expresamente que la hipótesis de una caída accidental "mantiene elementos de plausibilidad y no puede considerarse descartada". Aun así, reconocen que los informes técnicos aportados, en concreto los de la unidad de intervención de montaña de los Mossos d'Esquadra, no concluyeron de forma fehaciente que hubiera existido un empujón, forcejeo o la intervención de una tercera persona; que no hay vestigios que vinculen al investigado con una acción violenta; y que tampoco está determinada una mecánica concreta de intervención.
Asimismo, la sala considera secundarios algunos de los indicios que la magistrada señaló expresamente en su auto de prisión, como el contexto familiar y económico, la huella forzada en el punto donde se produjo la caída y la desaparición del teléfono móvil del investigado.
Ven "motivos suficientes"
Pese a ello, los magistrados de la mayoría consideran que existen "motivos suficientes" para sostener provisionalmente su posible participación, por la convergencia de diversos elementos: la caída se produjo en el único punto expuesto de un recorrido que el investigado conocía; las explicaciones sobre la separación entre ambos y sobre lo que vio y oyó presentaron discrepancias con los registros del teléfono de la víctima y con las mediciones de visibilidad; y transcurrieron unos ocho minutos hasta que se efectuó la llamada al teléfono de emergencias 112.
La sala subraya que ello no equivale a dar por demostrada la hipótesis incriminatoria ni supone invertir la presunción de inocencia. El tribunal valora positivamente que el investigado haya estado localizable, haya atendido todas las citaciones judiciales y haya regresado a España tras sus viajes, y considera que el riesgo de fuga no es "elevado ni inminente". No obstante, aprecia cierto riesgo de fuga debido a la gravedad de la pena a la que podría enfrentarse, al cambio de su situación procesal tras conocer formalmente su imputación el 19 de mayo y a su capacidad económica y vínculos internacionales.
Rechazo del presidente del tribunal
El presidente de la sala discrepa parcialmente. A su juicio, el auto de los otros dos magistrados va debilitando prácticamente todos los elementos que el juzgado había tratado como indicios, y su remisión constante a una valoración conjunta no compensa esa debilidad, ya que los indicios pueden sustentar una investigación, pero no alcanzan la intensidad necesaria para justificar la prisión.
Así, considera incoherente que esta reevaluación no tenga ningún efecto en la decisión y sostiene que él habría estimado parcialmente el recurso, revocando la prisión y manteniendo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias semanales.
Los magistrados explican que han tardado varios meses en pronunciarse debido a la imposibilidad de los tres miembros de la sala de visionar todo el material aportado por las partes, como vídeos, audios e informes periciales. Esto no pudo realizarse hasta mediados de septiembre.
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