Segob confirma que delincuencia organizada pagó a manifestantes para bloquear Santa Fe en CDMX
La Secretaría de Gobernación confirmó que el bloqueo en Santa Fe, CDMX, fue financiado por un grupo de la delincuencia organizada, bajo órdenes de un líder criminal recluido en un penal federal
La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, confirmó este 18 de noviembre de 2026 que el bloqueo ocurrido en Santa Fe, Ciudad de México, fue financiado por integrantes de la delincuencia organizada. De acuerdo con la funcionaria, la movilización fue orquestada por personas vinculadas a un grupo delictivo, bajo instrucciones de un líder criminal actualmente privado de su libertad en un penal federal.
La protesta, que reunió a cerca de 400 personas y bloqueó vialidades clave como Vasco de Quiroga y Constituyentes durante más de cinco horas, fue presentada públicamente como una manifestación por supuestas malas condiciones y abusos en el penal federal de Tepic, Nayarit. Sin embargo, la titular de Segob desmintió que existan tales irregularidades en ese centro penitenciario y señaló que el verdadero objetivo era generar presión a favor de intereses criminales.
Según reportes periodísticos, a los participantes se les habría ofrecido un pago de alrededor de 250 pesos por persona para sumarse a la movilización. Muchas de las personas presentes llevaban el rostro cubierto y, de acuerdo con las autoridades, la convocatoria estaría relacionada con personas cercanas a Lenin Canchola, líder del grupo "Los Malcriados 3AD", actualmente recluido en el penal federal de Tepic.
¿Cómo operó la delincuencia organizada en el bloqueo de Santa Fe?
De acuerdo con la información oficial, la delincuencia organizada utilizó intermediarios para reclutar a los manifestantes, quienes fueron instruidos para bloquear las principales vialidades de la zona de Santa Fe. El pago por participar habría sido entregado en efectivo, y la movilización fue coordinada desde el interior de un penal federal, lo que evidencia la capacidad de algunos grupos criminales para operar incluso desde centros penitenciarios.
La secretaria de Gobernación explicó que, aunque el derecho a la libre manifestación está garantizado por la Constitución, es un hecho grave que este derecho sea manipulado para encubrir actividades delictivas. "Sí tuvimos la información de que efectivamente en una manifestación por Santa Fe había una manifestación de personas que habían recibido un pago por hacer una manifestación, lo que llamó la atención es que quienes pagaban eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que está privada de su libertad", declaró Rodríguez.
¿Qué motivó la protesta y cuál fue la respuesta oficial?
Los manifestantes argumentaron que protestaban por la falta de medicamentos, malas condiciones y presuntos abusos en el penal federal de Tepic, Nayarit. Sin embargo, la Segob desmintió la existencia de tales irregularidades y aseguró que la protesta fue una estrategia para presionar a las autoridades penitenciarias y judiciales en favor de intereses criminales.
La movilización generó un fuerte impacto en la movilidad de la zona poniente de la capital, afectando a miles de automovilistas y usuarios del transporte público. El bloqueo se mantuvo por más de cinco horas, hasta que las autoridades lograron liberar las vialidades.
La titular de Segob enfatizó que el caso ya está bajo investigación formal y que se procederá contra quienes resulten responsables. "Ya está en investigación y se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada", afirmó.
¿Quiénes están detrás del financiamiento y cuál es el estado de la investigación?
Aunque las autoridades han evitado dar nombres específicos para no entorpecer las indagatorias, reportes extraoficiales señalan que la convocatoria estaría relacionada con personas cercanas a Lenin Canchola, líder del grupo delictivo "Los Malcriados 3AD". Este grupo ha sido identificado previamente por su capacidad de movilización y su influencia en la zona poniente de la Ciudad de México.
El Gobierno federal reiteró que las vías de diálogo están abiertas para atender demandas legítimas, pero advirtió que no se tolerarán bloqueos financiados por intereses criminales. La investigación busca identificar a los intermediarios, responsables de la convocatoria y a quienes entregaron los pagos, con el objetivo de desarticular la red detrás de la protesta.
¿Qué implicaciones tiene este caso para la seguridad y el derecho a manifestarse?
El caso ha encendido las alertas sobre el uso de la protesta social como herramienta de presión por parte de la delincuencia organizada. Si bien el derecho a la manifestación es un pilar democrático, las autoridades advierten que su manipulación para fines delictivos representa un riesgo para la seguridad pública y la gobernabilidad.
La Segob hizo un llamado a la población a no participar en este tipo de movilizaciones y a denunciar cualquier intento de cooptación por parte de grupos criminales. Además, se reiteró el compromiso de garantizar el derecho a la protesta, siempre que se ejerza de manera legítima y sin afectar a terceros.
¿Qué sigue en la investigación y cómo afecta a la ciudadanía?
Las autoridades federales y locales continúan recabando pruebas y testimonios para identificar a todos los involucrados en el financiamiento y organización del bloqueo. Se prevé que en los próximos días se den a conocer avances sobre la red de intermediarios y posibles responsables materiales e intelectuales.
Para la ciudadanía, este caso representa un llamado de atención sobre la importancia de distinguir entre protestas legítimas y aquellas manipuladas por intereses ajenos al bienestar social. El Gobierno federal ha reiterado que no se criminalizará la protesta social, pero sí se actuará con firmeza contra quienes utilicen estos mecanismos para favorecer a la delincuencia organizada.
En conclusión, la confirmación de la Segob sobre el financiamiento criminal detrás del bloqueo en Santa Fe marca un precedente en la vigilancia y regulación de las manifestaciones públicas, así como en la lucha contra la infiltración de intereses delictivos en la vida social y política del país.
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