El costo silencioso: lo que la violencia le cuesta a Sinaloa
La violencia no es solo tragedia humana. También es un lastre que pesa sobre cada economía local, sobre cada familia que pierde ingresos y sobre cada sueño empresarial que se apaga. Desde que en septiembre de 2024 se desató la crisis de inseguridad, el impacto ha sido profundo, extendido y perfectamente medible por las instituciones más serias del país. No se trata de apreciaciones: son datos duros del IMSS, INEGI, Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto para la Economía y la Paz. Y las cifras deben incomodarnos, porque revelan que estamos pagando un precio demasiado alto por algo que es responsabilidad de todos resolver.
El mercado laboral sinaloense ha sufrido uno de sus golpes más severos en décadas. Según registros del IMSS, entre 2024 y el tercer trimestre de 2026 Sinaloa perdió más de 11 mil empleos formales, con estimaciones que en algunos periodos superan los 26 mil puestos. Culiacán concentra la mayor caída: entre 7 mil y casi 10 mil empleos formales, según el corte de información.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI) refleja que en los trimestres más críticos de 2026, la población ocupada en el estado se redujo en más de 43 mil personas respecto al año anterior. Coparmex Sinaloa, que contabiliza tanto empleos formales como informales, estima una pérdida cercana a los 44 mil empleos en el último año de crisis. Y lo que quizás más preocupa: el número de patrones registrados ante el IMSS también disminuyó, ubicando a Sinaloa entre las entidades con mayor contracción de empleadores a nivel nacional en 2026. Es decir, no solo hay menos gente trabajando: hay menos gente que puede ofrecer trabajo.
Coparmex ha documentado el cierre de más de 5 mil empresas en Sinaloa durante este periodo de violencia. En Mazatlán, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó cerca de 900 negocios cerrados en 18 meses, con una pérdida directa de unos 4 mil empleos solo en ese municipio.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2026) del INEGI muestra que la proporción de unidades económicas víctimas de algún delito en Sinaloa aumentó 25.3 %. Mientras tanto, Data Cívica registra que Sinaloa concentra el 19 % de todos los ataques documentados contra negocios a nivel nacional, afectando principalmente a microempresas y pequeños comercios, el corazón de nuestra economía, con Culiacán como el municipio más golpeado. Muchos no cierran por falta de clientes, sino por temor, extorsión o porque ya no pueden garantizar la seguridad de sus empleados.
El turismo, uno de nuestros motores económicos más importantes, sufrió estragos profundos. En momentos críticos de 2026, la ocupación hotelera en Mazatlán descendió hasta niveles del 20 al 25 %. Restaurantes y comercios vinculados a la actividad turística reportaron caídas de ingresos de entre 40 y 50 %. El mercado inmobiliario también se frenó en seco: las preventas de vivienda nueva se detuvieron y la demanda de propiedades tanto comerciales como residenciales se contrajo visiblemente. Quien planeaba invertir, esperó. Quien visitaba Sinaloa, decidió otro destino. Esa pérdida de confianza tarda mucho en recuperarse.
El Índice de Paz México 2026, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, cuantificó el impacto económico total de la violencia en Sinaloa durante 2025 en 170 mil 500 millones de pesos, ubicándonos entre los estados con mayor costo per cápita por violencia en todo el país. Análisis económicos locales estiman que, sumando dos años de crisis, incluyendo el paro de actividades, la pérdida de inversión, el cierre de negocios y la merma en la producción, el costo acumulado podría acercarse a los 500 mil millones de pesos.
En términos de competitividad, las consecuencias también son claras: el IMCO reportó que Sinaloa cayó del lugar 7 al 23 en su Índice de Competitividad Estatal entre 2021 y 2026. La tasa de homicidios subió, la percepción de seguridad se desplomó y la inversión extranjera directa proporcional al tamaño de nuestra economía disminuyó de forma sensible. No es exageración afirmar que este impacto ya supera, en varios indicadores, lo que vivimos durante la pandemia de 2020. Solo que entonces enfrentábamos un enemigo invisible y temporal; hoy, la inseguridad es visible y parece prolongarse sin respuesta clara.
Detrás de los números hay consecuencias estructurales: más personas han caído en la informalidad laboral porque no hay otra opción; la pobreza laboral ha aumentado; la extorsión y la delincuencia común han obligado a negocios a reducir horarios, limitar operaciones o simplemente bajar la cortina. Los sectores más afectados han sido comercio, servicios, construcción y turismo. Y cuando estos sectores sufren, el daño llega a todos: al proveedor, al transportista, al empleado, a la familia que depende de ese ingreso.
Organismos como Coparmex han advertido con claridad: la reconstrucción económica podría tomar hasta diez años si antes no recuperamos la Paz. No hay crecimiento posible sin seguridad. Por eso, la solución debe ser integral y urgente:
Primero, restaurar la Paz con estrategia de Estado: No basta con operativos aislados. Se requiere una política de seguridad sostenida, coordinada entre los tres niveles de gobierno, con inteligencia real, presencia permanente en las comunidades y recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Sin seguridad, ningún estímulo económico será suficiente.
Protección efectiva a la actividad económica: Empresarios, comerciantes y productores necesitan certidumbre. Esto incluye mecanismos ágiles de denuncia, cero tolerancia a la extorsión y protección real para quienes generan empleo. Que abrir un negocio no sea sinónimo de riesgo.
Transparencia y destino claro de los recursos: Que cada peso destinado a seguridad y recuperación económica sea vigilado, auditado y rinda cuentas. La confianza también se construye con claridad en el uso de los recursos públicos.
Plan de reactivación focalizado: Apoyo financiero y técnico a las micro, pequeñas y medianas empresas que han resistido o cerrado. Son ellas las que generan la mayor parte del empleo en nuestro estado. Si ellas se recuperan, Sinaloa se recupera.
Recuperar la confianza: Una campaña de información veraz, transparente y constante sobre lo que se hace, qué resultados se obtienen y dónde hay fallas. La sociedad no pide discursos, pide participación y resultados.
La violencia no es un problema exclusivo de las autoridades. Es un costo que paga cada sinaloense todos los días: en el bolsillo, en el empleo, en la tranquilidad de su hogar. Pero tampoco es un destino inevitable. El primer paso para resolverlo es reconocer su magnitud. El segundo, actuar con decisión, unidad y visión de largo plazo. Sinaloa tiene todo para salir adelante: gente trabajadora, recursos naturales, posición geográfica y gente valiente.
No permitamos que la violencia nos quite lo que años de esfuerzo han construido. Recuperar la Paz no es solo cuestión de orden público: es la única vía para que Sinaloa vuelva a crecer, a generar oportunidades y a mirar al futuro con esperanza. Y eso, empieza hoy.
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