ICE pagará más de 300 millones de dólares a una empresa que organiza vuelos de deportación y busca ocultar sus recorridos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acordó pagar hasta 305,7 millones de dólares a una empresa privada sin licitación competitiva y modificó otro contrato para dificultar el seguimiento público de los vuelos de deportación. Los cambios forman parte de la expansión de las operaciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.
Los acuerdos fueron revelados este miércoles 18 de noviembre por una investigación de The Guardian, basada en documentos federales de contratación. La empresa beneficiada es CSI Aviation, que administra vuelos de deportación y traslado de inmigrantes para ICE.
El 31 de octubre, la agencia también firmó una orden por hasta 1.280 millones de dólares para mantener los vuelos chárter durante otro año. El contrato contempla que empleados de la compañía participen en la elaboración de las listas de pasajeros, una tarea que originalmente correspondía al personal federal.
Cómo busca ICE restringir el seguimiento de los vuelos de deportación
En septiembre, ICE incorporó a uno de sus contratos el programa Limiting Aircraft Data Displayed (LADD), administrado por la Administración Federal de Aviación (FAA).
Este mecanismo permite que determinados aviones dejen de aparecer en plataformas comerciales de seguimiento de vuelos, como FlightAware y Flightradar24, que utilizan información proporcionada por la FAA.
La modificación no impide que las aeronaves transmitan sus posiciones, pero dificulta que organizaciones civiles y familiares de inmigrantes puedan seguir sus movimientos mediante esas plataformas.
ICE incorporó a uno de sus contratos el programa Limiting Aircraft Data Displayed (LADD), administrado por la Administración Federal de Aviación (FAA). Foto: John Moore/Getty Images/AFPAngelina Godoy, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, cuestionó la decisión.
"No hay ninguna razón legítima para eliminar esos vuelos de los sistemas de seguimiento; la única razón para hacerlo es buscar un mayor secretismo en las operaciones de la agencia", declaró a The Guardian.
Según Human Rights First, organización que monitorea las operaciones aéreas de ICE, desde finales de septiembre comenzaron a bloquearse los identificadores de numerosos aviones utilizados para deportaciones.
La organización calcula que actualmente se realizan más de 70 vuelos diarios de ICE, con un volumen superior a 2.000 operaciones mensuales.
Los nuevos contratos y las funciones de la empresa privada
El acuerdo de hasta 305,7 millones de dólares contempla la incorporación de hasta 140 coordinadores de vuelos en oficinas y centros operativos de ICE.
Estos empleados podrán trabajar durante jornadas operativas de 18 horas, los siete días de la semana, para colaborar con la organización de traslados y la administración de información sobre pasajeros.
La organización calcula que actualmente se realizan más de 70 vuelos diarios de ICE. Foto: John Moore/Getty Images/AFPLa justificación oficial sostiene que CSI Aviation es la única compañía capaz de prestar estos servicios debido a sus sistemas tecnológicos y su integración con las plataformas de ICE.
Sin embargo, documentos anteriores establecían que la preparación de las listas de pasajeros era responsabilidad de la agencia federal.
La investigación también identificó vínculos laborales entre la compañía y organismos migratorios. Según declaraciones judiciales de CSI Aviation, 19 de sus más de 300 empleados provenían de agencias federales, principalmente ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Las críticas por la falta de transparencia en las deportaciones
El congresista demócrata Rob Menendez, de Nueva Jersey, cuestionó las restricciones al seguimiento de los aviones.
"ICE opera en un secretismo casi total, elude la supervisión del Congreso y hace prácticamente imposible que las familias, sus abogados y nuestros equipos puedan localizar a sus seres queridos", afirmó.
La relación entre ICE y CSI Aviation también enfrenta cuestionamientos judiciales por vuelos que trasladaron a inmigrantes venezolanos a una prisión de El Salvador en marzo de 2025.
En ese litigio, la empresa sostuvo que ICE, y no CSI, tenía la responsabilidad de determinar quiénes abordarían los aviones.
El nuevo esquema de contratación amplía la participación de compañías privadas en las operaciones migratorias federales y plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión.
Aunque la pérdida de visibilidad en algunas plataformas no vuelve completamente invisibles los vuelos, organizaciones de derechos humanos advierten que dificulta conocer los destinos de los traslados mientras las operaciones están en marcha.
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