Comisión aprueba creación de Consejo Ciudadano de la FGE Yucatán para emitir recomendaciones honoríficas
Entre sus atribuciones estará promover la participación en temas de prevención de las violencias

La Jornada Maya
18/11/2026 | Mérida, Yucatán
La creación de un Consejo de Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán avanzó en el Congreso local, luego de que la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública aprobara por unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la ley de la institución, con el propósito de abrir un espacio de colaboración entre la ciudadanía y las autoridades encargadas de procurar justicia.
La propuesta, presentada por el fiscal general Juan Manuel León León, contempla incorporar un nuevo capítulo a la legislación para establecer las bases de funcionamiento de este órgano de consulta, que tendrá carácter honorífico y podrá emitir opiniones, recomendaciones y acuerdos sobre las acciones de la Fiscalía, aunque estos no serán vinculantes.
Entre sus atribuciones estarán promover la participación ciudadana en temas de prevención de las violencias, prevención del delito, investigación y procuración de justicia, así como en el desarrollo institucional, además de procurar la paridad de género en su integración.
El proyecto establece que sus integrantes no recibirán remuneración y que sus opiniones y recomendaciones serán públicas, salvo aquellas que contengan información confidencial o reservada conforme a la ley, mientras que la persona titular de la Fiscalía tendrá un plazo máximo de 180 días naturales, una vez que entre en vigor el decreto, para emitir las reglas de integración y funcionamiento del Consejo, así como concretar su instalación.
En otra comisión, la de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, se aprobaron también por unanimidad los proyectos de dictamen correspondientes a la segunda y tercera entregas de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, que en conjunto reúnen 220 informes individuales de entidades estatales, organismos públicos y municipios.
De ese total, 83 informes corresponden a la segunda entrega, de los cuales 35 son de entidades estatales y organismos descentralizados y autónomos, mientras que 48 corresponden a municipios y organismos municipales, en tanto, la tercera entrega comprende 137 informes, 57 del ámbito estatal y 80 del municipal, además del Informe General Ejecutivo de la fiscalización superior de la cuenta pública estatal.
Los dictámenes establecen que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) deberá continuar los procedimientos de responsabilidad administrativa o penal que correspondan por las irregularidades detectadas que no hayan sido solventadas.
La presidenta de la comisión, la diputada morenista María Esther Magadán Alonzo, informó que de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 se encuentran en integración 76 investigaciones y se determinaron 2 mil 18 acciones, entre promociones de responsabilidad administrativa, pliegos de observaciones y recomendaciones, además de que se han recuperado 230 mil 866.54 pesos para las haciendas públicas estatal y municipal.
En la misma sesión se distribuyeron la primera y segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, remitidas por el auditor superior del Estado, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, para su revisión y elaboración de fichas técnicas.
Por otra parte, la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán que contemplan cambios en la organización de los ayuntamientos, entre ellos la creación de una Comisión de Transición Municipal para coordinar la instalación de las nuevas administraciones y los procesos de entrega-recepción.
Las modificaciones también plantean que quienes ocupen direcciones o titularidades de dependencias municipales acrediten certificaciones relacionadas con sus funciones, además de establecer la actualización permanente de asesores e incorporar comisiones para atender asuntos comunitarios, juventudes, cultura física y deporte.
El proyecto reúne tres iniciativas relacionadas con la capacitación y profesionalización de servidores públicos, la transición entre administraciones y la incorporación de la interculturalidad en las decisiones municipales, entre otros temas.
En esa misma comisión se aprobó elevar de pueblo a villa la categoría política de Akil y de villa a ciudad la de Tzucacab, al considerar que ambas localidades cumplen con los requisitos establecidos en la legislación estatal.
Edición: Estefanía Cardeña
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