Tras la detención de Santino Alvarado, una llamada al 911 amenazó a Pullaro, a fiscales y a la policía
ROSARIO. La llamada entró a la central del 911 de Rosario el domingo y duró pocos segundos. Quien llamó habló del gobernador Maximiliano Pullaro, de los fiscales y de la Policía de Santa Fe, y dijo: “Si no lo liberan voy a empezar a matar gente”. Se refería a Santino Alvarado, de 21 años, detenido el jueves pasado, acusado de narcotráfico y de lavado de dinero.
En el gobierno provincial señalaron a LA NACION que la llamada fue identificada y que provino de un teléfono que sigue activo y está a nombre de una mujer. Lo que aún no se había determinado era si el celular había sido robado o vendido por la titular.
La investigación va a determinar si se trató de una amenaza real, señalaron las fuentes, que fueron cautas a la hora de evaluar este llamado. Que se invoque el nombre de Santino no implica que la amenaza provenga de ese sector criminal. Justamente, Esteban Lindor Alvarado, padre de Santino, quien está preso en el penal de Ezeiza, “plantaba” amenazas en nombre de Los Monos para que la Justicia investigara a sus archirrivales, y no a él.
Santino Alvarado fue detenido el jueves pasado durante un operativo de la Policía Federal en el barrio Solares de Funes, en las afueras de Rosario. La fuerza federal de seguridad realizó 38 allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y detuvo a 12 personas. Secuestró cocaína, armas, una granada, vehículos y más de $21 millones. Según la Policía Federal, durante el procedimiento el joven rompió tres teléfonos celulares.
La causa investiga si siguió funcionando la estructura que había armado su padre. La hipótesis de la acusación es que Santino y Claudio Tavella, abogado del jefe narco, habrían actuado como organizadores y enlaces de esa estructura, que habría seguido vendiendo drogas y armas. Al día siguiente, el juez federal Carlos Vera Barros indagó a Esteban Alvarado. El padre cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en un régimen de alto riesgo, con una pena de prisión perpetua.
En el gobierno santafesino advirtieron a LA NACION que no es la primera amenaza de este tipo y que reciben muchas, casi una por semana. Según el Poder Ejecutivo provincial, las bandas creen que su situación se debe a que Pullaro encarceló a sus líderes, y no a los delitos que cometieron. Los funcionarios afirman que las bandas no están terminadas y piden debatir leyes para fortalecer la seguridad.
Hace tres semanas, la fiscalía investigaba otro episodio. El 27 de octubre, Pullaro estuvo en Ceres para inaugurar obras públicas. Pasadas las cinco de la mañana del día siguiente, alguien llamó al 911 sin identificarse para denunciar puntos de venta de droga en Ceres y advirtió sobre un posible ataque contra el gobernador. Llamó tres veces en menos de diez minutos.
Según la denuncia, tres hombres que viven en Ceres habrían contratado a un sicario en Selva, Santiago del Estero. Un empresario gastronómico de esa localidad lo iba a trasladar, y el disparo se iba a hacer desde la propiedad de otro de los sospechosos. El fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación, ordenó allanar tres viviendas. Detuvieron a dos personas: M. A. G., empresario gastronómico, y P. A. P., de 66 años, señalado como el principal sospechoso. Le secuestraron un revólver calibre .32 largo con cinco cartuchos en condiciones de uso. Todavía buscan al presunto tirador. En torno al gobernador Pullaro señalaron que este tema “es serio”.
El 4 de marzo pasado, en Roldán, la policía secuestró fusiles Colt calibre 5.56 y Norinco, la versión china semiautomática del AK-47. Estaban enterrados en tambores de plástico en un terreno vinculado a Enzo Benítez, alias “Gordo Enzo”, sobre quien pesa un pedido de captura. Los investigadores relacionaron el arsenal con la Banda de Los Menores. Su líder, Matías Gazzani, está prófugo.
El gobierno provincial sospecha que el objetivo era Pullaro. Su inteligencia, que proviene de tres fuentes distintas, indica que esos fusiles podrían atravesar un vehículo blindado. Las fuentes vincularon el plan con la cárcel de Piñero. El fiscal Ignacio Hueso imputó por asociación ilícita a Rodrigo Gabriel Cappelletti y Lautaro Noriega, acusados de custodiar el armamento. En el expediente judicial, la idea de un atentado sigue siendo una hipótesis del gobierno y no una conclusión.
En Expo Seguridad, la semana anterior al episodio de Ceres, Pullaro dijo que recibió más de 56 amenazas desde que asumió hasta la “semana trágica” de marzo de 2024. Ese mes, después del crimen de Bruno Bussanich, empleado de una estación de servicio, apareció una nota que decía: “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”. Pablo Cococcioni es el ministro de Seguridad provincial. La nota estaba firmada por “Zona Norte, Zona Sur y Oeste unidos”.
En abril de 2024, después de que se quemaron al menos 13 autos en una madrugada, aparecieron carteles contra Pullaro, Cococcioni y la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Uno de ellos decía: “Queremos nuestros derechos, las visitas y las llamadas”. Era una reacción a las restricciones en los pabellones de presos de alto perfil. En diciembre de ese año circuló un video en el que cuatro jóvenes armados y con la cara tapada le pedían a Pullaro que revelara “el arreglo” para calmar Rosario. En Santa Fe lo tomaron con cautela.
Los carteles no siempre apuntaron al gobierno. Entre fines de 2022 y febrero de 2023, la facción de Pablo Nicolás Caminos y la de Ariel Máximo “Guille” Cantero se acusaron por escrito, con notas dejadas en ataques y crímenes. En la primera estaban Leandro Vilches y Eric Masini y en la segunda, Leandro “Pollo” Vinardi y Damián “Toro” Escobar.
El 31 de diciembre de 2022 balearon la Defensoría Zonal de Villa Gobernador Gálvez. En la puerta dejaron un cartel dirigido a “Toro y Pupito”: les pedían que dejaran de “escrachar a los pibes con carteles” y les advertían que “ni Guille” los iba a salvar. El 23 de enero, en la calle Gallegos al 1100, mataron a Brian Emanuel Álvarez e hirieron a Marcelo Rolón. Cerca había una nota “para el ortiva del Eri y el gordo Vilches”.
El 1 de febrero mataron de tres disparos a Lorenzo “Jimi” Altamirano frente al estadio de Newell’s. Entre su ropa encontraron un papel con los nombres de Escobar, Vinardi y Gerardo Gómez, a quienes acusaban de sacar “chicos del club para tirar tiros”. Ese mismo día balearon la Subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez y dejaron un mensaje parecido. El 4 de febrero hubo disparos contra el Polo Tecnológico y contra el Sindicato de la Industria de la Carne. Las notas les decían a Masini y a Vilches que dejaran de “pasarle dato a los fiscales”.
El 9 de febrero, en un autoservicio de la calle Gandhi al 7200 y en una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe aparecieron notas que pedían a los rivales que dejaran de “nombrar a los pibes con carteles” y que “guerreen de callado”. El 20 de febrero, junto al cuerpo de Yamil Ortigoza, de 18 años, dejaron otro cartel: “Nico Caminos, dejá de matar gente inocente”. Tres días después, otra nota agregó: “Dejen de batir la cana”.
En esos meses, cada facción usó los mensajes para nombrar a la otra y acusarla de colaborar con la policía y los fiscales. Hoy, las notas y las llamadas apuntan al gobernador, a los fiscales y a la policía.
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