Tumba Corte reducción de plazos electorales en SLP
- La Suprema Corte invalidó la reforma electoral de San Luis Potosí que limitaba a 20 días las precampañas y la recolección de firmas para candidaturas independientes. Con las nuevas reglas, los aspirantes sin partido a la gubernatura habrían necesitado reunir hasta 2 mil 300 apoyos diarios, el doble que antes.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una persona interesada en competir por la gubernatura de San Luis Potosí sin el respaldo de un partido político habría tenido que conseguir alrededor de 2 mil 300 firmas ciudadanas cada día para obtener su registro, el doble de las mil 150 que necesitaba anteriormente, de persistir la reforma electoral que este miércoles fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La modificación, aprobada por el Congreso estatal en agosto pasado, reducía de 40 a 20 días el plazo para reunir las firmas requeridas a las candidaturas independientes, sin disminuir el porcentaje de respaldo ciudadano exigido por la legislación.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 113/2026 y su acumulada 114/2026, cuyos proyectos fueron elaborados por la ministra María Estela Ríos González, el Pleno determinó, por siete votos contra uno, que esa reducción dificultaba injustificadamente el derecho de los ciudadanos a competir por un cargo de elección popular sin pertenecer a un partido político.
Durante la discusión, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que San Luis Potosí cuenta con una lista nominal aproximada de 2 millones 300 mil electores, de los cuales una persona que aspire a una candidatura independiente a la gubernatura debe obtener el respaldo del 2 por ciento.
Ese requisito equivale a unas 46 mil firmas, por lo que, con el plazo anterior de 40 días, se necesitaba reunir un promedio de mil 150 apoyos diarios. Sin embargo, con la reforma, la exigencia habría aumentado a 2 mil 300 firmas cada día.
El ministro advirtió que duplicar el esfuerzo diario para reunir el respaldo ciudadano podía convertirse en un obstáculo para quienes buscan participar en las elecciones sin contar con la estructura de un partido político.
La reforma también reducía de 25 a 20 días el periodo para que aspirantes independientes a diputaciones locales y ayuntamientos consiguieran los apoyos necesarios para registrarse.
Durante el debate, varios ministros coincidieron en que las candidaturas independientes enfrentan condiciones distintas de las que tienen quienes participan mediante organizaciones partidistas.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que las personas aspirantes por la vía independiente deben reunir un porcentaje determinado de firmas sin disponer necesariamente de una estructura territorial, organizativa y financiera comparable a la de los partidos políticos.
Como ejemplo de las dificultades para obtener el registro, recordó que en San Luis Potosí solamente se registró una candidatura independiente a la gubernatura, en 2021. También mencionó que, en 2015, ninguno de los cinco aspirantes independientes a diputaciones logró registrarse y que, durante el proceso electoral de 2024, únicamente cuatro planillas municipales consiguieron participar por esa vía.
Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo sostuvo que reducir el tiempo para reunir firmas sin disminuir la cantidad exigida representaba una restricción desproporcionada al derecho a ser votado.
Señaló que las candidaturas independientes están obligadas a cumplir requisitos establecidos por congresos integrados por legisladores que llegaron a sus cargos mediante partidos políticos, los cuales participan también en las contiendas electorales. Desde su perspectiva, esa circunstancia justificaba examinar con especial rigor las medidas que pudieran dificultar el acceso de ciudadanos sin partido a los procesos electorales.
La Suprema Corte también dejó sin efectos otra parte de la reforma electoral que establecía una duración uniforme de 20 días para las precampañas de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.
Esta decisión fue aprobada por seis votos contra dos, al considerar que el Congreso estatal no tomó suficientemente en cuenta las diferencias territoriales y organizativas de cada elección.
La ministra ponente, Ríos González, sostuvo que no resulta equivalente realizar una precampaña para buscar la gubernatura de todo el estado que participar en un proceso interno para una diputación o una presidencia municipal.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz coincidió en que las condiciones geográficas y organizativas de cada elección son distintas, por lo que no encontraba razonable imponer el mismo plazo a todos los cargos.
Sin embargo, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron contra esta parte del proyecto. Ambas consideraron que la Constitución permite a los congresos estatales establecer los periodos de precampaña dentro de los límites correspondientes, sin obligarlos a fijar una duración diferente para cada cargo.
Con la resolución aprobada este miércoles, la Suprema Corte determinó que las disposiciones invalidadas dejarán de surtir efectos a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de San Luis Potosí.
Además, ordenó que vuelvan a aplicarse las reglas que estaban vigentes antes de la reforma, para evitar que el estado quede sin regulación sobre la duración de las precampañas y los periodos para reunir apoyo ciudadano durante el siguiente proceso electoral de 2027.
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