¿Quién pagará los costos de la crisis?
- <i><b>POR BENJAMÍN LIVIERES </b></i>
- <i><b>Analista político</b></i>
El agujero que dejó la estafa “Ueno-Peña-BCP” es gigantesco. Sin considerar sus graves consecuencias económicas y sociales, que trascienden a los directamente afectados, el monto global que debiera ser cubierto asciende a USD 2.800 millones (2.500 según algunos), de los cuales 640 millones fueron reintegrados a quienes estaban protegidos por el Fondo de Garantía, en un primer tramo de hasta 40 sueldos mínimos, de los 75 que prevé dicha herramienta. La pregunta obvia que debemos hacernos es quién pagará los costos de esta crisis. Si es el Estado, que somos todos, o los que cometieron tamaña estafa.
Según ciertos actores políticos y abogados perjudicados por el caso, la responsabilidad recaería sobre el Estado. Dicen que las instituciones de control no funcionaron e incluso fueron cómplices de la defraudación, lo cual es cierto, pero concluyen que este hecho le obligaría a reintegrar la totalidad de los fondos congelados en la entidad financiera, pudiendo subrogarse el derecho a recuperar para sí los activos que se obtengan de la liquidación. Una fórmula simple, alegan. Pagan ahora y recuperan después.
Parece un planteamiento lógico y justo. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque si el Estado devolviera la totalidad de los fondos depositados en Ueno, para lo cual tendría que contratar deuda en el mercado financiero internacional, seríamos los 6 millones de paraguayos, incluyendo a los directamente afectados, quienes terminaríamos pagándoles a los acreedores durante 10, 15 o 20 años.
Lo realmente lógico y justo es que la crisis la paguen quienes la provocaron. Todos y cada uno de los integrantes de esta asociación criminal. Desde el expresidente, los dueños de Ueno y miembros del directorio del BCP, así como sus cómplices y encubridores, hasta los responsables de las entidades que mantuvieron los fondos públicos y previsionales en dicho banco, a sabiendas de problemas muy serios que enfrentaba.
Lo verdaderamente lógico y justo es recuperar hasta el último centavo que obre en poder de los integrantes de la gavilla comandada por Peña, no solo en bienes inmobiliarios, vehículos de lujo, etcétera. Hay que “seguir la pista del dinero”, una parte del cual, no sabemos cuánto, seguramente se encuentra oculto en paraísos fiscales.
Fueron 73 los viajes realizados por Santiago Peña, con las inmunidades diplomáticas propias de quienes ejercen la Presidencia de la República. ¿Sería ilógico sospechar que en esos viajes también salieron fondos desviados de Ueno para ser “lavados” en el extranjero? ¿La Fiscalía ya requirió informes a las autoridades aeronáuticas sobre tales viajes, qué aviones utilizó, quiénes le acompañaron, el destino de cada uno de los vuelos y sus respectivas escalas?
De lo que se recupere dentro y fuera del país deben originarse los fondos para reintegrar los depósitos de medianos y grandes clientes, que no están protegidos por el Fondo de Garantía. De esos ámbitos y de ningún otro, pues cargar dicha responsabilidad sobre la espalda de todos los paraguayos equivaldría a castigarnos dos veces por una crisis que fue obra de una pandilla de criminales, no nuestra.
En lo inmediato, lo que sí corresponde es concretar el segundo tramo de la restitución de los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía, hasta 75 salarios mínimos, sin más demoras, y definir políticas destinadas a mitigar el alto impacto social provocado por estos hechos de consecuencias aun incuantificables. Estas son las obligaciones más urgentes de quienes hoy manejan las riendas de la República.
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