La Nacion
19/11/2026 00:10

Irán y una provocación que no debe intimidar a la Argentina

La decisión del régimen iraní de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas constituye un acto de provocación política que merece el más enérgico rechazo. No estamos frente a una decisión jurídica seria, ni frente a una controversia entre Estados en condiciones de igualdad. Estamos ante una represalia de un régimen que pretende utilizar el terrorismo y la intimidación como instrumentos de su política exterior.

La medida tiene una explicación concreta. Es la respuesta de Teherán a las decisiones adoptadas por el gobierno argentino frente a la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso aparato militar, político y económico que constituye uno de los principales instrumentos de proyección del régimen iraní en el exterior. La Argentina decidió declararla organización terrorista por sus vínculos con Hezbollah y por las responsabilidades que la justicia argentina ha atribuido a estructuras iraníes en los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994.

Pero hay un elemento adicional que no puede soslayarse: el avance de la justicia argentina hacia la realización de juicios en ausencia contra los acusados de haber organizado y ordenado el atentado contra la mutual judía, en el que murieron 85 personas y el número de heridos superó los 300. Durante más de tres décadas, el régimen iraní ha impedido que los principales sospechosos comparezcan ante los tribunales argentinos. La negativa sistemática a cooperar con nuestra Justicia no puede convertirse en un mecanismo de impunidad perpetua.

Fieles iraníes ondean banderas palestinas y de Irán frente a un cartel en el que aparece el difunto comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem SoleimanVahid Salemi - AP

La incorporación del juicio en ausencia a nuestro ordenamiento jurídico y su aplicación a la causa AMIA representan una oportunidad histórica para avanzar en el esclarecimiento de uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. Que los acusados deban responder ante la Justicia, aun cuando se nieguen a presentarse, es una señal de que la Argentina no está dispuesta a resignar su derecho a conocer la verdad y a exigir justicia para las víctimas y sus allegados.

La reacción iraní debe leerse en ese contexto. El régimen pretende transformar a las Fuerzas Armadas argentinas en blanco de una acusación absurda, equiparando instituciones de un Estado democrático, subordinadas a la Constitución y al poder civil, con estructuras que han sido señaladas por su participación en actividades terroristas.

La diferencia no es menor. La Armada y la Fuerza Aérea argentinas son instituciones del Estado, sujetas a las leyes y a los controles democráticos. La Guardia Revolucionaria, en cambio, es un instrumento central del poder teocrático iraní, con una estructura propia y una proyección que excede ampliamente las funciones militares convencionales.

La respuesta iraní, además, revela la naturaleza del régimen que gobierna ese país. En lugar de responder a las acusaciones sobre su responsabilidad en los atentados y cooperar con la Justicia de un país que sufrió uno de los peores ataques terroristas de América Latina, Teherán elige amenazar a sus instituciones militares. Pretende convertir a las víctimas en victimarios y presentar como agresión lo que no es otra cosa que el legítimo ejercicio del derecho de un Estado soberano a defenderse del terrorismo.

La Argentina no debe dejarse intimidar. La respuesta tiene que ser firme, institucional y coordinada con sus aliados regionales e internacionales. No se trata de alimentar una escalada diplomática innecesaria, sino de dejar en claro que ninguna amenaza hará retroceder al país en su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA no fueron episodios aislados ni hechos que puedan quedar sepultados por el paso del tiempo. Fueron ataques contra la sociedad argentina, contra nuestra convivencia democrática y contra la vida de ciudadanos inocentes.

Un Estado que reclama justicia por esos crímenes no está provocando a nadie. Está ejerciendo un derecho y cumpliendo una obligación. Lo verdaderamente preocupante sería que, frente a las amenazas de un régimen que se niega a responder por los crímenes que se le atribuyen, la Argentina eligiera el silencio o la indiferencia.

La memoria de las víctimas merece algo más que declaraciones. Después de más de 30 años de impunidad, retroceder no es una opción. Merece que el país sostenga, sin vacilaciones, su decisión de exigir justicia.

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