O se recupera el Ministerio Público o se confirma su captura
Alba Rocío Cantero no hereda una institución. Hereda un escombro. Asume el despacho de la Fiscalía General del Estado en el momento más crítico de los últimos años, con un Ministerio Público atravesado por el escándalo de Ueno, por denuncias de cajoneo, por la percepción generalizada de que la persecución penal se detiene donde empieza el poder político, y por una renuncia de Emiliano Rolón que no fue un acto de responsabilidad, sino una huida por el patio trasero ante el avance del juicio político.
Quien recibe una casa en ruinas no puede limitarse a pintar las paredes. Tiene la obligación de identificar a los responsables del derrumbe y de demostrar, con hechos y no con discursos, que el Ministerio Público vuelve a ser lo que la Constitución manda: un órgano autónomo e independiente, no un apéndice del poder de turno.
Durante años, la prevención del lavado de activos y el combate a la corrupción económica funcionaron más como fachada que como política de Estado. Mientras se multiplicaban los esquemas de lavado de gran escala, mientras circulaban denuncias sobre flujos financieros opacos vinculados a figuras del poder, y mientras se diluían investigaciones sensibles, los responsables de las áreas de prevención y persecución de estos delitos brillaban por su ausencia, en la comodidad de sus sillas de poder.
Liliana Alcaraz, a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los responsables de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de la Contraloría y de las unidades especializadas en delitos económicos y lavado, en el actual caso que conmociona al país tuvieron bajo su responsabilidad directa la detección, el análisis y la derivación de operaciones sospechosas.
Si grandes estructuras de lavado operaron durante tanto tiempo sin que se activaran alertas serias, sin decomisos relevantes o sin imputaciones de peso, la conclusión es ineludible: o hubo incapacidad grosera o hubo complicidad por omisión. En ambos casos, la responsabilidad es institucional y personal.
No se trata de juicios sumarios ni de linchamientos mediáticos. Se trata de abrir, de inmediato y sin dilaciones, investigaciones penales rigurosas contra quienes tuvieron a su cargo la prevención del lavado de dinero y no lo hicieron.
El país tiene derecho a saber por qué los sistemas diseñados para detectar dinero sucio no vieron nada cuando este se movía a plena luz y pasaba de ser sucio, a un enjuague rápido y perfumado. La nueva fiscal general a cargo debe ordenar esas investigaciones en las primeras semanas de su gestión. Si no lo hace, habrá confirmado que el recambio de nombres no implica recambio de lógica.
El gran pecado del Ministerio Público en los últimos años no fue solo la lentitud. Fue la sumisión. Se cajonearon denuncias de alto voltaje político, se demoraron diligencias esenciales en causas que tocaban al poder, y se permitió que la voluntad política condicionara el ritmo y el alcance de la persecución penal. Eso no es un defecto administrativo: es la negación misma de la función del Ministerio Público.
Alba Rocío Cantero tiene ahora la oportunidad –y la obligación– de romper esa lógica. Su primera decisión estratégica no puede ser la de la continuidad silenciosa. Debe ser la de ordenar el reexamen de las causas sensibles que fueron demoradas o archivadas bajo gestiones anteriores, empezando por aquellas vinculadas a lavado de activos y a la protección de intereses políticos. Debe demostrar que el Ministerio Público investiga con la misma intensidad cuando el investigado es un poderoso que cuando es un ciudadano común.
Y debe investigar también a Emiliano Rolón. No por venganza institucional, sino por coherencia. Quien fue fiscal general durante el período en que se produjeron las mayores omisiones y dilaciones no puede quedar al margen de la rendición de cuentas. Investigar a Rolón no es un acto de deslealtad hacia un colega: es el mínimo requisito de credibilidad de quien asume el cargo después de su renuncia forzada. Si Cantero elude esa investigación, el mensaje será claro: el pacto de impunidad interna sigue vigente.
El Paraguay no necesita otra fiscala general que pronuncie discursos sobre “compromiso institucional” y “trabajo silencioso”. Necesita una que demuestre, en los próximos meses, tres cosas concretas: Que las unidades de prevención de lavado de activos y las áreas especializadas en delitos económicos serán auditadas y que sus responsables anteriores serán investigados si existen indicios de omisión o negligencia grave; que el Ministerio Público no se someterá a la voluntad política y que las causas de alto impacto avanzarán con independencia, sin importar a quién alcancen; y que la renuncia de Rolón no cierra el capítulo, sino que abre la investigación sobre su propia gestión.
Cantero llega en un momento en el que la sociedad ya no cree en promesas. La única moneda que todavía tiene valor es la de los hechos. Si abre las investigaciones que debe abrir, si permite que la Fiscalía investigue a quienes antes la dirigieron, y si demuestra que el Ministerio Público puede actuar sin pedir permiso al poder político, entonces habrá comenzado a reconstruir lo que está destruido.
Si, por el contrario, opta por la administración de la crisis y por la preservación de equilibrios internos, habrá confirmado lo que muchos temen: que el cambio de nombre en el despacho no cambió nada. Solo será cambiar un portarretratos por otro, en un escritorio con olor a moho.
La responsabilidad de Alba Rocío Cantero es enorme. Y es ineludible. El tiempo de las declaraciones terminó. Empieza el tiempo de demostrar.
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