Meridiano
19/11/2026 03:49

Tropieza vinculación contra Luis Manuel Hernández

Un Juzgado de Distrito concedió amparo a Luis Manuel Hernández Escobedo, ex secretario del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), respecto al auto de vinculación a proceso dictado el pasado 24 de mayo por un juez de Control en Tepic por su probable coautoría en los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos.

De acuerdo con la sentencia conocida esta semana, se ha pedido que una vez que la misma quede firme, el juez de Control deberá dejar insubsistente la citada resolución del 24 de mayo y, sin abrir debate entre las partes, dictar una nueva conforme a los lineamientos que se le han establecido y dando contestación a los argumentos hechos valer por la defensa.

Además, el juez de Control deberá precisar si subsiste o deja sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que fue impuesta a Hernández Escobedo el 20 de mayo, en la audiencia de formulación de imputación.

De igual forma, se precisa que en caso de que haya imposibilidad para que el juez que atendió el asunto dé cumplimiento al fallo protector, la audiencia se tendrá que reiniciar con otro juez en su totalidad.

La imputación formulada por la Fiscalía General del Estado (FGE) se centra en el convenio de jubilación de Hernández Escobedo, respecto a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), el uno de noviembre del 2021 -firmado de recepción por un familiar-, cuando desde mediados de enero de ese año ya se encontraba en prisión preventiva y así continúa, enfrentando dos causas penales.

Al analizar el caso, el Juzgado de Distrito advirtió que el auto de vinculación a proceso no se encuentra debidamente fundado ni motivado, y que el juez local “sustentó su resolución en afirmaciones generales.”

Entre decenas de puntos anotados, el Juzgado de Distrito considera que el juez de Control dejó de responder a planteamientos que realizó la defensa, como los siguientes:

“2. La fiscalía construye sobre una inferencia conjetural que no resiste este test comparativo, en este caso es que el convenio de jubilación fue irregular y que el señor Luis Manuel resultó beneficiado y por consecuencia él influyó en su obtención, pero existe una hipótesis alternativa igualmente probable, el imputado tenía un derecho adquirido e irrenunciable a la jubilación tras 45 años de servicio, las autoridades universitarias tramitaron ese derecho, si bien es cierto el imputado se encontraba privado de su libertad eso no era responsabilidad de él ya que estaba privado de su libertad tal y como nos dio cuenta la fiscalía por otros diversos procesos y en virtud de este convenio jubilatorio se realizaron los pagos correspondientes en base al cumplimiento de una obligación laboral preexistente, y la fiscalía no abordó esa otra hipótesis alternativa.

“3. Existe una discrepancia en cuanto a las calificaciones del supuesto daño patrimonial por un lado al principio se habla de 418 mil pesos aproximadamente, por la otra se habla de 923 mil pesos, sin que la fiscalía se haya hecho cargo a cabalidad de cómo se vinieron construyendo estas diferencias y al final si bien es cierto se habla de que recibió 2 millones 675 mil y de que existan periciales, no queda incluso totalmente claro.

“4. Hay una contradicción fundamental porque en la parte de su intervención la fiscalía señaló que como estaba suspendido no podía ser jubilado, pero también cuando solicita la orden de aprehensión y ahorita al formular imputación la fiscalía dice que es Servidor Público, entonces no podía solicitar la jubilación, pero por otro lado al ser servidor público, aunque sea suspendido si pudo realizar todas aquellas conductas que describen los tres tipos penales, en este caso puede o no se puede.

“5. La defensa argumentó, sobre el concurso aparente de normas en el que estamos en presencia, hay una sola conducta pero la fiscalía nos habla de tres tipos Penales (…)

“6. La fiscalía varió en su formulación de imputación, habla de tres delitos y establece esta triple tipificación, sin analizar si los tres pueden coexistir legalmente tratándose de una misma conducta, la defensa sostiene en consecuencia que estamos ante un concurso aparente de normas que obliga a reducir los tres tipos a uno solo y que ese análisis es obligatorio en esta etapa procesal (…)

“34. Derivado de los datos de pruebas expuestos, la defensa sostiene que los hechos del Ministerio Público pretenden encuadrar como delito en este caso no constituyen un acto de naturaleza penal, sino que derivan de una relación jurídica eminentemente laboral por el propio caudal probatorio…”

“37. Los delitos que se le están imputando, sobre todo la coalición de servidores públicos, lo que es tráfico de influencias, prácticamente cualidad para hacer cosas contrarias a leyes y reglamentos y en este caso el Ministerio Público está diciendo que es en contra del contrato colectivo, pero no es una ley el contrato colectivo, no es un reglamento que deriva de una ley, y mucho menos de una institución pública.”

El fallo de la justicia federal insiste que la ausencia de ese análisis generó una falta de motivación al dejar sin respuesta cuestiones esenciales que la defensa del ex secretario del SETUAN sometió al conocimiento del juez.

Las partes en el asunto podrían presentar recurso de revisión, por lo que habrá de esperar a que haya sentencia firme.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com

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