Luces del Siglo
19/11/2026 06:18

Carpetazo de la UACM a expediente de corrupción

ZONA CERO CARPETAZO DE LA UACM A EXPEDIENTE DE CORRUPCION

Zósimo Camacho

Luego de cuatro años y medio en sus manos, la Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) resolvió archivar el expediente UACM/CG/D/027/2022 que documenta pagos millonarios en exceso por obras en el plantel Cuautepec. ¿Acaso porque no encontró elementos de probable corrupción o violaciones a la normativa? Tenía de sobra. Lo desechó porque las irregularidades “prescribieron”.

Lo peor es que no había mucho que trabajar. Las anomalías estaban a la vista. Simplemente, la dependencia dejó pasar el tiempo hasta que pudo anunciar la prescripción de los hechos. Es decir, su dilación resultó en encubrimiento de actividades legalmente cuestionables.

Desde el 28 de abril de 2022, un integrante de la propia comunidad de la UACM presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la obra de agua potable del plantel Cuautepec. Nunca se le informó del avance de las investigaciones. Sólo hasta hace algunas semanas, la Contraloría General le notificó que resolvió archivar el expediente al considerar que las conductas eran “no graves” y prescribieron.

El denunciante impugnó y aportó un dato que el propio Acuerdo de Conclusión reconoce, pero no explica. En total, se pagaron 21 millones 700 mil 318 pesos por obras que, se anunció en un principio, costarían poco más de 13 millones. De lo pagado, hay un monto por 2 millones 599 mil 442.82 pesos sin documento que lo respalde.

El 29 de abril de 2022, la Secretaría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México recibió un escrito firmado por Roberto López Mejía, estudiante con matrícula 05-003-3879, quien cursa la licenciatura en Socioantropología en el plantel San Lorenzo Tezonco.

El documento denunciaba probables irregularidades en el contrato UACM/COC/LPN/OP/001/2021, adjudicado a Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas, S de RL de CV, por 13 millones 107 mil 911 pesos con 98 centavos, IVA incluido, para la construcción de las redes principales de agua potable y contra incendio del plantel Cuautepec, ubicado en la colonia La Palma, alcaldía Gustavo A Madero.

La obra tenía un plazo original del 8 de junio al 30 de septiembre de 2021, es decir, 115 días naturales. El 25 de octubre de ese año, 25 días después de que venció ese plazo, se firmó el contrato complementario UACM/COC/LPN/OP/001/2021-COMP-T-Y-M. La ampliación fue del 45.74 por ciento en monto –5 millones 992 mil 965 pesos con 34 centavos– y del 64.35 por ciento en tiempo –194 días naturales–, con nueva fecha de terminación al 17 de diciembre de 2021.

Cabe destacar que tanto el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal como el el numeral 133 de las Normas en Materia de Obra y Servicios de la UACM fijan un límite del 25 por ciento para modificaciones mediante contrato complementario. Por encima de ese umbral, se requería un convenio adicional. Los pagos superan con creces ese tope legal. La irregularidad que la Contraloría dejó prescribir se acreditaba con sólo una operación aritmética que no tenía complicación alguna.

Pasaron cuatro años y medio. El 22 de octubre de 2026, el Contralor General de la UACM, Juan Jesús Zarco Magaña, emitió un Acuerdo de Conclusión y Archivo. En sus considerandos, dice que desde el 22 de octubre de 2025 no hay titular del Área Investigadora y que él asumió la atención del asunto por instrucción de la Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Séptima Legislatura del Consejo Universitario, mediante escrito del 11 de noviembre de 2025. Clasifica las conductas como posibles faltas administrativas “no graves” y se concentra en analizar la prescripción.

El texto del Acuerdo, en su foja 39, admite que no valoró los documentos que justificaban la ampliación superior al 25 por ciento. Y en la foja 42 reconoce: “no pasa inadvertido para esta Autoridad Investigadora que existen diligencias y requerimientos de información pendientes de desahogo, cuyo objetivo consiste en allegarse de mayores elementos relacionados con las circunstancias que motivaron la celebración del Contrato complementario y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Normas universitarias”.

Según el propio Acuerdo, entre el 14 de diciembre de 2022 y el 28 de agosto de 2025 no se realizó gestión alguna para sustanciar la investigación. El plazo de prescripción para “faltas no graves” es de tres años. Así, la inacción deliberada buscó que los hechos se declararan prescritos. ¿Quiénes tenían la tutela del expediente? Mario Nicolás Rosales Romero, como Responsable del Área Investigadora, y Pedro Estuardo Hernández Rendón, como Encargado de Despacho de la Contraloría.

Más aún, según las tablas del propio Acuerdo, el contrato original se pagó mediante 9 estimaciones. El complementario, mediante cinco estimaciones. Y luego, 2 millones 599 mil 442 pesos con 82 centavos, cantidad que aparece en el cuadro como “IMPORTE ADICIONAL AL CONTRATO” (sic).

Ese monto coincide con el que la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario aprobó pagar el 5 de junio de 2026 como “Pago de Sentencia Judicial” derivado del juicio de nulidad TJ/I-28917/2023, resuelto a favor de la empresa contratada. La minuta señala que el pago era urgente para evitar embargos y que existía un posible daño patrimonial porque los intereses acumulados se debían a la falta de atención oportuna de administraciones anteriores.

Lo que no queda claro es por qué la Universidad pagó adicionalmente esa cantidad si, como consta en el Acuerdo de Conclusión, no existe la celebración de ningún nuevo contrato complementario o convenio modificatorio que lo respalde. Otra pregunta es por qué la Universidad perdió un juicio con la empresa y fue condenada a pagar intereses por no atender el asunto en tiempo.

Los hechos están documentados. La denuncia original, el Acuerdo de Conclusión y Archivo, el recurso de impugnación y su ampliación forman un expediente. El caso, que ya había cerrado la Universidad, se traslada al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Cuando ocurrieron las irregularidades, al frente de la UACM se encontraba Tania Rodríguez Mora, actualmente funcionaria federal, subsecretaria de Educación Media Superior. En ese entonces, la académica había dado instrucciones de que ningún hecho de corrupción, pasado o presente, quedara impune. Hasta la fecha, ninguno de los desfalcos y obras inconclusas que ha registrado la Universidad desde 2010 se ha castigado.

La UACM es una institución entrañable, digna y fundamental para la Ciudad. Su autonomía, como recuerda el propio Acuerdo en su Considerando Segundo, no la coloca fuera del régimen de responsabilidades administrativas. El expediente UACM/CG/D/027/2022 sigue abierto en la impugnación.

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