“Sí, acepto”… un año de inhabilitación
POR KUKULKAN
HAY QUIENES ahorran años para pagar su boda, y hay quienes descubren que el Estado mexicano ya pagó el salón, la seguridad, la limpieza y hasta los cuadros de las paredes. Sólo hacía falta un oficio, un sello y el descaro de llamarle “evento oficial” a la propia fiesta. Martín Borrego Llorente, exjefe de oficina de la Cancillería en tiempos de Alicia Bárcena, pidió en 2024 el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte para un acto oficial. El acto fue su boda.
DOS AÑOS tardó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en descubrir lo que cualquier invitado supo en cuanto vio el pastel: no se trataba de diplomacia, sino de un convite privado en uno de los recintos más emblemáticos del patrimonio nacional. La sentencia es ejemplar, aunque no en el sentido que presume el gobierno: un año de inhabilitación. Doce meses.
ES JUSTO lo que tarda un burócrata en olvidar el número de su gafete. Hay suscripciones de streaming con plazos más severos. Si el Munal cobrara renta, la multa le habría salido más cara que la sanción. El novio, por cierto, no esperó la noticia en la banca. Cuando el escándalo brotó ya despachaba como coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Semarnat, donde, qué casualidad, la titular también es Alicia Bárcena.
EN LA CUARTA Transformación el escalafón no se sube: se acompaña. Uno no cambia de jefa, la jefa cambia de secretaría y uno se va con ella, como mueble de oficina con derecho a viáticos. Tras el destape renunció, y el sexenio se ahorró al menos una boda en Los Pinos. Lo más venenoso no es la boda, sino la tabla de castigos.
EN EL MISMO comunicado la Secretaría presumió 82 sancionados y 175 millones en multas. A un funcionario de la CFE le dieron diez años y 119 millones por no defender a la empresa en unas demandas. A nueve del Superissste, diez años por pagar facturas sin permiso. A una empleada del IMSS, diez años por maquillar cotizaciones. A un funcionario de Agricultura, diez años por firmar un convenio con un muerto.
AL NOVIO del Munal, un año por convertir un museo nacional en salón de eventos. Moraleja administrativa: si vas a abusar, que sea con glamour, porque el abuso con candelabros sale en oferta. Y mientras desde el púlpito mañanero se nos recuerda que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, alguien entendió el lema al revés: pueblo pagando y funcionario brindando. La austeridad republicana es una dieta estricta para los de abajo; arriba se sirve champaña en copa del patrimonio.
EL PROBLEMA no es una boda: es la naturalidad. Nadie pide un museo nacional para su fiesta si no está convencido de que el Estado es una extensión de su sala. Esa certeza no la aprende uno solo. Se cultiva en oficinas donde los oficios se firman sin leer, los permisos se otorgan por cortesía y los recintos públicos se prestan como quien presta el carro a un compadre. ¿Quién autorizó el préstamo? ¿Quién revisó qué clase de acto “oficial” requería mesa de novios? De esos nombres, el comunicado no dice nada.
EN ESTA historia sólo hubo un invitado incómodo: la Secretaría, que llegó dos años tarde y con un regalito simbólico. Que nadie se escandalice si mañana surgen imitadores. Si el arancel por usar el patrimonio como jardín de fiestas es un año de banca, la temporada está abierta: primera comunión en el Palacio de Minería, XV años en Bellas Artes con chambelanes bajo la cortina de cristal, despedida de soltero en el Castillo de Chapultepec con vista a Reforma.
TOTAL, el expediente se resuelve por las mismas fechas en que se enfría la luna de miel. Para cerrar con broche de oro, el comunicado aclara que los sancionados pueden impugnar. Así que todavía falta el último baile: el amparo. Porque en México hasta la vergüenza tiene segunda instancia. Ya lo dice el viejo refrán burocrático: el amor es eterno mientras dura, pero la inhabilitación sólo dura un año. Que vivan los novios… y que el museo mande la factura.
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
