A la “doctora” Batres le faltó un anexo
“Si no me vale la razón, no tengo mucho recurso a la autoridad”.
Benito Jerónimo Feijoo
“Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.”
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Lenia Batres abrió el sobre frente a la cámara. Estaba contenta. Sacó el documento de la Universidad Tepantlato y lo presumió. La universidad, según se lee en el título, le otorgó el “título de doctorado”. Qué sorpresa. Uno cursa un doctorado y obtiene el grado de doctora. Pero, en fin, se entiende lo que quisieron decir... También se entiende por qué convendría revisar la redacción de un diploma antes de entregárselo a una ministra que va a enseñarlo en video.
Batres dijo que estudió más de dos años, defendió a su universidad y llamó “periodistas carroñeros” a quienes, según ella, habían confundido su grado con un honoris causa. En eso tiene un punto. Si estudió el programa, es perfectamente razonable que corrija a quien diga que recibió una distinción honorífica. En el video también explicó que Tepantlato no era Oxford, Harvard ni Yale. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, hablemos de Tepantlato.
En su propio folleto, la universidad anuncia el doctorado en Derecho Constitucional con el reconocimiento de validez oficial de estudios número 20121434. Debajo aparece la modalidad: ESCOLARIZADA. Azteca Noticias reportó que la institución también ofrecía cursarlo en línea, pero que su investigación sólo encontró autorización para la modalidad escolarizada. A buen entendedor, pocas palabras: la modalidad escolarizada tiene acreditación y reconocimiento; la versión en línea no.
La universidad puede resolver buena parte del asunto con dos documentos. El acuerdo que amparaba el programa para esa generación y una constancia que diga en qué modalidad cursó Batres. ¿Estamos? A ver si con el mismo entusiasmo con que se mostró el diploma, mostraría los anexos…
Una clase por videollamada y un doctorado impartido enteramente a distancia son cosas distintas. También es posible que una alumna se inscriba de buena fe en el programa tal como se lo vende la escuela. Si hubo autorización para impartirlo en otra modalidad, que Tepantlato exhiba el acuerdo. Si el programa se impartió de una forma distinta a la autorizada, que la autoridad educativa explique qué procede y a quiénes afecta. Además de la ministra, ahí estudia gente que no tiene una ponencia desde la cual hacerse escuchar. Que Batres abogue por esa gente. Dudo lo haga.
En el historial mostrado por la televisora aparece un “NP” en Temas Selectos del Derecho Constitucional Mexicano. ¡Válgame! De todas las materias, ¡tenía que ser ésa! Claro, puede haber un extraordinario, una recursada o una corrección posterior. Que Tepantlato muestre cómo quedó acreditada en el historial definitivo. Y, aprovechando que abre el expediente, que diga por qué vía se obtuvo el grado y qué requisitos se cumplieron. Un acta parcial da para hacer preguntas. Para contestarlas está el expediente completo. Para eso existe,
Batres rechazó que hubiera irregularidades y preguntó en X si debía demandar a TV Azteca. Si considera que el reportaje afectó su honor, puede acudir a la vía civil. También podía hacer algo más sencillo. Pedirle a Tepantlato una constancia que dijera en qué modalidad cursó el doctorado y publicarla. Le preguntaron por un expediente académico y la ministra puso sobre la mesa la posibilidad de abrir uno judicial. Del primero seguimos esperando los anexos.
Mas, en esas curiosidades exquisitas que de la vida, resulta ser que la propia Corte ha sostenido que quienes ejercen funciones públicas están sujetos a un escrutinio más severo en asuntos de interés público. Su doctrina de la “malicia efectiva” eleva el estándar para exigir responsabilidad por lo publicado. Preguntar por la modalidad de un posgrado que la propia ministra decidió presumir entra de lleno en ese escrutinio. Si el reportaje erró en un dato, Batres tiene todo el derecho de corregirlo. Para eso habría bastado con señalar el dato y acompañarlo del documento. ¿Verdad Lenia?
El jurista Frederick Schauer estudió el efecto inhibidor de las sanciones sobre la expresión. La gente se guarda cosas que tiene derecho a decir cuando teme lo que le va a costar decirlas. TV Azteca tiene abogados de sobra. Una reportera local que mañana consiga el acta de otra funcionaria tendrá que calcular si puede pagar los suyos. En eso también se mide una declaración pública de una ministra. En la siguiente pregunta que alguien decide tragarse.
La Constitución exige licenciatura en Derecho para ocupar un asiento en la Corte. El doctorado no es requisito. Batres decidió sacar el diploma del sobre y presentarlo como un mérito suyo. A partir de ahí, pedir que lo aclare resulta tan legítimo como haberlo celebrado. La ministra tuvo tiempo de explicar que su universidad no es Harvard. Sería un detalle que Tepantlato tuviera tiempo de explicar qué autorizó la SEP.
Por lo pronto, Tepantlato puede publicar el acuerdo. La SEP puede decir qué cubre. Y la ministra puede mostrar la constancia. Tres trámites bastante más sencillos que una demanda. Digo, ¡hasta se pueden hacer en línea!
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