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19/11/2026 07:00

¡El INE tiene 57 contrataciones en riesgo! ¿Quién responde por las elecciones de 2027?

¡El Instituto Nacional Electoral tiene 57 contrataciones en riesgo de no concretarse oportunamente y las elecciones de 2027 comienzan a sentir las consecuencias de una crisis administrativa que no puede resolverse solamente con discursos de transparencia!

alida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, los cuestionamientos sobre sus procedimientos de adquisición y la revisión de contratos han colocado al INE frente a una situación particularmente delicada: necesita esclarecer posibles irregularidades, corregir sus controles internos y, simultáneamente, garantizar que los materiales y servicios indispensables para organizar los comicios estén disponibles cuando se necesiten. ¡Porque la democracia mexicana no puede pagar las consecuencias de una administración cuestionada ni convertirse en rehén de la improvisación de quienes tienen la obligación de protegerla!

Los datos son suficientemente preocupantes para exigir explicaciones inmediatas. De acuerdo con los reportes de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con corte al 10 de noviembre, de 72 conceptos de adquisición y contratación, 45 presentan riesgo alto, 20 riesgo medio, tres riesgo bajo y solamente cuatro aparecen sin riesgo.

A ello se agregan procedimientos de otras áreas del instituto, hasta alcanzar las 57 contrataciones señaladas en los informes periodísticos como susceptibles de enfrentar problemas de oportunidad. No estamos hablando de asuntos secundarios ni de gastos que puedan posponerse indefinidamente. Se trata de materiales, insumos y servicios relacionados con la preparación de las elecciones federales de 2027.

Algunos de los procedimientos corresponden a elementos tan concretos como las bases para urnas, cajas de paquetes electorales y sobres para listas nominales. También se han identificado alertas en adquisiciones vinculadas con la capacitación electoral y con insumos para el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Son actividades que requieren planeación, presupuestos, contratación, producción, distribución y controles de calidad. Su importancia no depende de que resulten espectaculares para la opinión pública: constituyen parte de la infraestructura material y operativa que permite celebrar una elección.

La gravedad del asunto aumenta cuando se advierte que algunos procedimientos acumulan retrasos respecto de sus calendarios originales. Las contrataciones públicas no se resuelven simplemente mediante la firma de un documento. Requieren especificaciones técnicas, estudios de mercado, convocatorias, recepción y evaluación de propuestas, adjudicaciones y cumplimiento de obligaciones. Después viene, además, la entrega de los bienes o la prestación de los servicios contratados. Cada retraso puede reducir los márgenes para corregir errores o enfrentar incumplimientos.

Pero sería igualmente equivocado convertir esas alertas en una afirmación anticipada de que las elecciones están condenadas al fracaso. Una clasificación administrativa de riesgo no significa que el contrato se haya perdido, que el material no llegará o que la jornada electoral necesariamente sufrirá afectaciones. Significa que existen problemas que deben atenderse antes de que se conviertan en consecuencias reales. Precisamente para eso sirven los diagnósticos oportunos: para corregir, no para acostumbrarse a la emergencia.

La crisis tiene antecedentes políticos y administrativos que no pueden ignorarse. Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de cuestionamientos relacionados con contrataciones institucionales. Su salida no resolvió automáticamente las dudas sobre los procedimientos que estuvieron bajo escrutinio ni las dificultades operativas acumuladas. El Consejo General quedó obligado a revisar decisiones anteriores y reforzar los mecanismos para garantizar que las adquisiciones se realicen conforme a la ley.

Aquí es indispensable separar las cosas. Los señalamientos sobre posibles irregularidades deben investigarse y no pueden transformarse anticipadamente en declaraciones de culpabilidad contra personas determinadas. Pero tampoco pueden ser desestimados por conveniencia política ni archivarse mediante acuerdos administrativos que solamente aparenten resolver el problema. Cuando existen dudas relevantes sobre el manejo de recursos públicos, corresponde reconstruir los procedimientos, examinar documentación, identificar responsabilidades y permitir que las autoridades competentes actúen con independencia.

El propio INE reconoció la necesidad de revisar profundamente sus procesos. El 5 de noviembre, su Consejo General aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de las adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026. La decisión es importante porque no limita el examen a unas cuantas operaciones recientes ni permite presentar las posibles deficiencias como un asunto exclusivamente asociado con una persona. La revisión comprende una década y, por tanto, puede contribuir a identificar problemas de diseño institucional, prácticas administrativas, controles insuficientes y responsabilidades específicas.

También se aprobaron medidas para fortalecer la transparencia, establecer mecanismos de denuncia, revisar el padrón de proveedores y dar seguimiento especial a las contrataciones relacionadas con el proceso electoral 2026-2027. Posteriormente, el instituto anunció reglas más estrictas para sus compras y el propósito de privilegiar las licitaciones públicas. Son decisiones pertinentes, pero su verdadera eficacia dependerá de la forma en que se ejecuten.

Y ahí aparece una de las contradicciones más delicadas del momento.

El INE necesita actuar con rapidez para evitar mayores retrasos, pero no puede utilizar esa urgencia para sustituir sistemáticamente las licitaciones por adjudicaciones directas o reducir los controles de legalidad. Sería profundamente paradójico que las medidas adoptadas para investigar contrataciones cuestionadas terminaran provocando nuevas contrataciones igualmente cuestionables.

La premura no debe convertirse en una coartada para la discrecionalidad.

Pero tampoco puede suceder lo contrario: que el temor a cometer errores paralice las decisiones administrativas hasta colocar en dificultades la organización electoral. Los funcionarios responsables no pueden limitarse a señalar que los expedientes están bajo revisión. Tienen la obligación de resolverlos, documentar cada decisión y establecer calendarios realistas de cumplimiento.

La transparencia no consiste únicamente en suspender procedimientos cuando aparecen cuestionamientos. Consiste en establecer reglas claras, aplicarlas con rigor, dejar constancia de las decisiones y garantizar que los recursos públicos se utilicen para satisfacer necesidades legítimas.

El Consejo General también debe asumir su propia responsabilidad. Los consejeros electorales no pueden limitarse a observar las dificultades administrativas como si fueran acontecimientos ajenos a su función.

Aunque la ejecución de las contrataciones corresponde a las áreas competentes, el máximo órgano de dirección debe supervisar que existan mecanismos eficaces de control, seguimiento y rendición de cuentas.

Cada área debe informar qué necesita contratar, cuál es el estado del procedimiento, qué obstáculos enfrenta y qué medidas adoptará para cumplir oportunamente. Los riesgos deben identificarse con precisión y actualizarse públicamente cuando la información no comprometa aspectos protegidos por la ley.

En particular, sería conveniente que el instituto mantuviera una explicación clara y periódica sobre las contrataciones críticas para las elecciones de 2027. No basta con mencionar cifras globales. La ciudadanía necesita saber cuáles procedimientos se encuentran retrasados, qué consecuencias podrían producir esos retrasos, qué mecanismos correctivos se han establecido y quiénes son responsables de aplicarlos.

La actual presidencia provisional, encabezada por Blanca Yassahara Cruz García, ha sostenido que la revisión de las adquisiciones no implica necesariamente un riesgo para el calendario electoral. Esa afirmación debe valorarse en su justa dimensión: constituye una posición institucional que merece atención, pero necesita respaldarse mediante información verificable sobre la evolución de los procedimientos.

La confianza pública no puede descansar exclusivamente en declaraciones tranquilizadoras.

Y ése es, precisamente, el problema de fondo.

El INE no es una dependencia administrativa cualquiera. Se trata de una institución constitucional autónoma cuya credibilidad resulta fundamental para la organización de las elecciones. Su función exige imparcialidad, profesionalismo, capacidad técnica y un manejo escrupuloso de los recursos públicos. Las dudas sobre sus contrataciones pueden afectar la percepción ciudadana incluso antes de que exista una determinación definitiva sobre las posibles responsabilidades.

La confianza electoral se construye con mucho esfuerzo y puede deteriorarse cuando aparecen irregularidades, disputas internas o señales de improvisación.

Por eso resulta indispensable evitar que esta crisis se convierta en munición para quienes buscan desacreditar indiscriminadamente al organismo. Investigar y corregir sus deficiencias no significa negar la importancia de su autonomía ni justificar que se debiliten sus capacidades institucionales. Por el contrario, la autonomía solamente adquiere pleno sentido cuando está acompañada de responsabilidad, transparencia y controles efectivos.

Un organismo autónomo no es un organismo exento de rendir cuentas.

Pero rendir cuentas tampoco significa quedar subordinado a intereses partidistas o a instrucciones provenientes de quienes compiten en las elecciones que debe organizar.

Las fuerzas políticas tienen derecho a exigir explicaciones sobre la utilización del presupuesto electoral. Lo que no deberían hacer es aprovechar las dificultades administrativas para imponer ventajas, promover desconfianza sin pruebas o convertir cada decisión técnica en una disputa de conveniencia electoral.

México se aproxima a un proceso de enorme importancia política. En 2027 se renovará la Cámara de Diputados y se celebrarán diversas elecciones locales. La preparación implica coordinación entre instituciones, actividades de capacitación, actualización de instrumentos electorales, organización territorial, sistemas informáticos y mecanismos de vigilancia.

La confianza de los ciudadanos en esos procedimientos es tan importante como su ejecución material.

Una elección requiere urnas, boletas, paquetes, listas nominales, funcionarios de casilla, sistemas de información y personal capacitado. Pero también exige que los participantes y la sociedad tengan razones suficientes para confiar en que esos elementos fueron preparados con profesionalismo y bajo reglas conocidas.

Cuando una institución enfrenta cuestionamientos sobre sus propias contrataciones, su respuesta debe ser especialmente cuidadosa. No puede pedir confianza a los ciudadanos y al mismo tiempo ofrecer información incompleta sobre decisiones administrativas relevantes.

Tampoco debe confundirse la depuración institucional con una búsqueda de culpables predeterminados. La responsabilidad jurídica requiere investigaciones, pruebas y procedimientos. La responsabilidad administrativa demanda corregir errores y evitar que vuelvan a presentarse. Y la responsabilidad política, entendida como deber de explicación frente a la ciudadanía, obliga a informar con claridad sobre las decisiones y sus consecuencias.

Las tres dimensiones deben atenderse sin mezclarlas arbitrariamente.

La revisión de las adquisiciones de 2016 a 2026 puede convertirse en una oportunidad para establecer mejores estándares. Pero eso dependerá de que sus resultados se conozcan, las observaciones se atiendan y, cuando corresponda, se determinen responsabilidades. Si solamente produce nuevos expedientes y anuncios de buenas intenciones, la desconfianza persistirá.

También es fundamental que los nuevos controles no terminen generando una burocracia incapaz de resolver necesidades urgentes. La legalidad exige procedimientos bien diseñados y funcionarios responsables; no una acumulación interminable de trámites que impida cumplir las obligaciones constitucionales.

La clave consiste en garantizar que cada decisión administrativa sea oportuna, técnicamente justificada, transparente y jurídicamente defendible.

No hay contradicción necesaria entre combatir la corrupción y organizar eficazmente una elección. Ambas obligaciones deben cumplirse de manera simultánea.

Lo que sí sería inadmisible es presentar una como excusa para incumplir la otra.

Si el INE acelera contrataciones prescindiendo injustificadamente de los controles legales, corre el riesgo de reproducir los problemas que pretende corregir. Si posterga indefinidamente sus decisiones para evitar cuestionamientos, puede trasladar a la organización electoral las consecuencias de sus dificultades administrativas.

Ninguna de esas alternativas resulta aceptable.

Por eso el Consejo General necesita algo más que acuerdos generales: debe garantizar un programa de atención de contrataciones críticas, responsables identificables, supervisión efectiva y comunicación pública suficiente para demostrar que los riesgos disminuyen.

También debe actuar con plena disposición frente a la Auditoría Superior de la Federación y las demás autoridades que legalmente deban intervenir. No corresponde proteger a funcionarios, proveedores ni decisiones administrativas cuestionables por razones de conveniencia institucional.

La integridad de un organismo público no se defiende ocultando sus problemas. Se defiende investigándolos, corrigiéndolos y mostrando resultados.

El Instituto Nacional Electoral enfrenta una prueba que trasciende sus oficinas administrativas. Tiene 57 contrataciones señaladas en situación de riesgo y una revisión de adquisiciones que comprende diez años. Ambas circunstancias exigen respuestas técnicas, legales y transparentes, pero también una conducción institucional capaz de impedir que las dificultades internas afecten la preparación de las elecciones de 2027.

No se trata de sembrar alarma ni de anunciar anticipadamente un fracaso electoral. Se trata de impedir que los retrasos administrativos se conviertan en problemas operativos y que las sospechas sobre contrataciones terminen deteriorando la confianza pública.

El país necesita conocer la verdad sobre las adquisiciones cuestionadas, establecer responsabilidades cuando proceda y contar con garantías razonables de que los materiales y servicios indispensables estarán disponibles oportunamente. Ninguna de esas exigencias puede sacrificarse para atender las otras.

La autonomía del INE debe defenderse, pero no confundirse con impunidad administrativa. Su capacidad técnica debe preservarse, pero no utilizarse como argumento para justificar opacidad. Y su obligación de organizar elecciones debe cumplirse sin permitir que la urgencia abra nuevas puertas a decisiones discrecionales.

¡No basta con prometer que las elecciones de 2027 están garantizadas! Hay que demostrarlo mediante procedimientos concluidos, calendarios cumplidos, recursos correctamente administrados y controles capaces de impedir que los cuestionamientos actuales se reproduzcan.

La advertencia es clara: si el INE permite que sus dificultades administrativas se acumulen, puede deteriorar la credibilidad de la institución precisamente cuando más necesita fortalecerla. Pero si utiliza la crisis para transparentar las adquisiciones, corregir deficiencias y demostrar capacidad de gestión, podrá ofrecer a los ciudadanos razones concretas para confiar en su trabajo.

Porque la democracia no se protege únicamente contando correctamente los votos el día de la elección. También se protege administrando con honestidad y eficacia cada peso utilizado para hacer posible que esos votos se emitan y se cuenten.

Y aquí está la sentencia: el INE no puede pedir a los mexicanos que confíen en los resultados de 2027 si antes no demuestra que es capaz de poner orden en sus propios procedimientos. ¡La limpieza electoral debe comenzar por la limpieza administrativa, pero ninguna investigación puede servir de pretexto para dejar las elecciones sin preparar!

México necesita un árbitro electoral independiente, transparente y eficaz. No uno que esconda sus problemas detrás de su autonomía, ni otro que termine paralizado por sus propias investigaciones.

¡Que se investigue todo lo que deba investigarse, que se sancione a quien resulte responsable y que se cumpla puntualmente cada obligación electoral! Porque la democracia mexicana no tiene por qué elegir entre combatir la corrupción y celebrar elecciones confiables: tiene derecho a exigir ambas cosas.

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