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La CNMC reclama al Gobierno que delimite la capacidad de intervención del ICO en las empresas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclama al Gobierno poner más límites y ser mucho más específico en los nuevos estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que están ahora en fase de reforma para recoger las actuaciones del fondo España Crece . Este fondo se ha creado con fondos europeos y ha supuesto una inyección al ICO de 13.691 millones de euros para realizar inversiones, dar créditos y avales en la economía española en determinados sectores, como la vivienda asequible, tecnología y transición verde; un grado más de intervención en el sector privado para el que la CNMC reclama más control para evitar problemas de competencia.El Gobierno sacó hace semanas a audiencia pública la refundación de los estatutos del ICO para adaptarlos a todas las nuevas funcionalidades y objetivos que tendrá la entidad pública para desplegar este fondo. Y ahora la CNMC le da un tirón de orejas al Ejecutivo porque tal como está configurado podrían existir problemas para la competencia por su modo de actuar. Competencia pone de manifiesto, según su informe sobre el proyecto, que «el ICO realiza una actividad económica que tiene implicaciones desde la óptica de competencia y buena regulación» ya que, por un lado, compite con los bancos dando crédito, avales y otros instrumentos de inversión; y por otro, porque invierte en empresas en las que puede tomar decisiones, siendo un operador público.En este sentido, en términos generales la CNMC recomienda al Gobierno realizar «una adecuada mención» a que el ICO debe estar sometido a normativa aplicable española y europea, y que debe estar vinculado a los principios de buena regulación y administración, así como al principio de neutralidad competitiva. Más en concreto, la institución apunta a varios puntos de mejora que tienen que ver, en buena medida, con el intervencionismo público.Ya que el ICO tiene capacidad de intervenir en el mercado privado, mediante inversiones, préstamos, avales, etc, la CNMC recomienda al Ejecutivo que refuerce «la fundamentación de la decisión de intervención en el mercado, de manera que se asegure que se han identificado correctamente los fallos de mercado u otros objetivos perseguidos, que no existen alternativas que puedan ser más eficientes y que esta se ajuste a los principios de buena regulación y administración, garantizando que sea necesaria, eficiente y proporcionada, en el sentido de que sea capaz de alcanzar su objetivo minimizando los efectos distorsionadores que pueda generar». Asimismo, reclama que las decisiones de intervención estén sujetas «a una correcta planificación y a una exigente evaluación». Esto significa justificar más sus actuaciones de políticas públicas.Otro de los puntos clave de su informe sobre la refundación de los estatutos del ICO está en que Competencia advierte sobre la redacción ambigua y amplia de los sectores en los que la entidad pública puede intervenir, en el sentido de que el ICO no debería tener capacidad de operar en cualquier mercado: «Se recomienda una mejor delimitación de los ámbitos funcionales, evitando que la referencia genérica a sectores estratégicos permita intervenir sin acreditar la necesidad y proporcionalidad de cada actuación».Actualmente, el ICO dispone de una capacidad de inversión que ronda los 60.000 millones de euros y que esperan movilizar junto al sector privado hasta 120.000 millones. Una cantidad nada desdeñable para que una entidad pública opere en el mercado privado, lo que ha invitado a la CNMC a reclamar al Ejecutivo a que concrete funciones y objetivos para no generar problemas de competencia.EficienciaAsimismo, el análisis de Competencia pide al ICO que busque la «eficiencia» en las contraprestaciones que pueda recibir por la gestión de los fondos de los que es titular. Esto viene a señalar que se anima a la entidad pública a que no actúe simplemente para cubrir sus costes, sino que trate de ser eficiente en la gestión de sus costes e ingresos, «comparando los mismos con los costes en los que habitualmente incurren otros operadores potencialmente competidores del ICO cuando realizan actuaciones similares para poder, en su caso, tomar las decisiones oportunas por parte del órgano encomendante en caso de que no se garantice de forma correcta la aplicación del principio mencionado».También, el documento hace mención expresa a la necesidad de que el ICO, en sus actuaciones, tenga que verificar que cumple con la normativa de ayudas de Estado antes de ejecutar la inversión o la concesión del préstamo, es decir, con carácter previo. Y, al mismo tiempo, pide al Gobierno que garantice que las contrataciones públicas que deba realizar para gestionar determinados fondos se realice siempre con base de criterios públicos, objetivos, transparentes y sin discriminar a ninguna entidad.
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