Reclutamiento forzado: la sombra del vacío
Sin un tipo penal autónomo ni bases de datos unificadas, la omisión del Estado invisibiliza el reclutamiento criminal de adolescentes
La mañana del pasado 8 de noviembre de 2026, un parco comunicado de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) confirmó la recuperación con vida de dos jóvenes que lograron huir de una zona de adiestramiento forzado en las inmediaciones del municipio serrano de Concordia.
La maniobra de rescate requirió el despliegue del Centro de Mando Federal de la CNB, apoyado por unidades operativas de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabajando en estrecha colaboración y atención a las solicitudes desesperadas de las familias y del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Sin embargo, detrás del triunfo operativo de haber devuelto con vida a estos dos jóvenes, el episodio echó luz sobre el creciente problema del reclutamiento obligado perpetrado por las facciones criminales que disputan el territorio y el estancamiento de las reformas para su tipificación como delito, que no permite implementar programas de combate, ni dimensionar la magnitud del problema.
El punto ciego
Un análisis de los informes públicos presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que no existe en todo el país una sola cifra oficial consolidada, pública y verificable que dé cuenta de cuántos centros de adiestramiento forzado han sido ubicados y desmantelados o cuántas víctimas han sido rescatadas del crimen organizado.
En el Segundo Informe de Gobierno presentado el pasado 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo Federal presumió la detención de más de 63 mil personas y la destrucción de 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
No obstante, en ese elaborado desglose cuantitativo, las autoridades federales dedicaron cero rubros a los campos de entrenamiento criminal y a las personas rescatadas de situaciones de reclutamiento forzoso.
En sus comparecencias públicas entre 2025 y fines de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, centró la narrativa oficial en la desarticulación de células reclutadoras y en la captura de sus cabecillas, eludiendo la presentación de un inventario histórico de campamentos destruidos.
El 24 de marzo de 2025, la SSPC destacó que entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 se logró la captura de 49 personas vinculadas a labores de enganche criminal. Entre esos arrestos sobresalió la detención, el 20 de marzo de 2025 en la Ciudad de México, de José Gregorio “N”, alias “El Lastra” o “Comandante Lastra”, presunto jefe de la red de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y colaborador directo de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”.
Si bien la captura de operadores como “El Lastra” resulta indispensable para desarticular las cúpulas delictivas, las cifras gubernamentales muestran únicamente la cara de los victimarios procesados y omiten el saldo de las víctimas.
El limbo
La inexistencia de un tipo penal autónomo a nivel federal obligó a las fiscalías del país a clasificar estos hechos bajo delitos genéricos como privación ilegal de la libertad, secuestro, trata de personas o desaparición cometida por particulares, lo cual borra la trazabilidad del delito e impide el diseño de políticas públicas de prevención enfocadas en las comunidades serranas más expuestas.
El 20 de octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma integral que adiciona el Capítulo II Bis, titulado “Del Reclutamiento Forzado de Personas”, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Sin embargo aún no es vigente ya que se encuentra en trámite legislativo en el Senado.
El miedo invisibiliza el reclutamiento forzado: CEDH
El incremento en los casos de desaparición y la amenaza del reclutamiento forzado han llevado a que familiares de las víctimas mantengan la dolorosa esperanza de que sus seres queridos continúen con vida, aun cuando esto implique estar sometidos a condiciones de esclavitud.
Así lo expuso Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa, al reflexionar sobre la realidad que enfrentan múltiples familias en la entidad y en diversas regiones del país.
Explicó que, si bien la comisión no registra quejas formales sobre reclutamiento forzado, el organismo tiene pleno conocimiento del fenómeno a través de información extraoficial y reportes en medios de comunicación.
La falta de denuncias institucionales responde al temor de las familias a sufrir consecuencias peores si acuden a las autoridades, así como al deseo de mantener un perfil bajo en caso de que algún joven logre retornar a su hogar.
Loza Ochoa destacó que en Sinaloa ya se han dado primeros pasos legislativos para tipificar el reclutamiento como delito, si bien reconoció que el marco normativo aún requiere completarse y que persiste una amplia cifra negra.
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