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El Supremo confirma la exclusión del censo de 160.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' incluso si viven en España
El Tribunal Supremo ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) que dé cumplimiento a las medidas cautelares que dictó el pasado 10 de septiembre y que excluya definitivamente del censo a los más de 163.000 'nietos' cuyos efectos electorales ya están suspendidos. Insta a la JEC que incorpore sólo a quienes han aportado la certificación consular que les acredita como descendientes de exiliados en los términos dispuestos en la ley de memoria democrática. Los magistrados se pronuncian así en una providencia notificada este viernes tras examinar los informes emitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral. En ella son tajantes al exigir a los órganos electorales que actúen «garantizando, en consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral». Esta exclusión se aplica por igual, según reza el texto, tanto en el CERA (el censo de residentes ausentes que viven en el extranjero) como en el CER, (el de los residentes en España). La única salvedad que establece el tribunal en este derecho a sufragio es la incorporación al censo de las 901 personas que «presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados por la Sala». «De difícil comprensión» La providencia responde a los escritos presentados en los últimos días por las distintas partes personadas en la causa, entre ellas la Asociación Extranjeristas en Red, Vox y el Ministerio Fiscal. El Supremo se hace eco de las quejas mostradas por la Fiscalía respecto a la opacidad de los datos estadísticos aportados por la Administración en sus informes «de difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal». La Sala Tercera ha aprovechado esta resolución para rechazar el resto de diligencias solicitadas por las acusaciones y las defensas. Vox, por ejemplo, había requerido en un escrito de urgencia que la Sala precisara de manera pormenorizada el alcance de la suspensión y ordenara medidas ejecutivas inmediatas al Ministerio de Asuntos Exteriores y al INE. Asimismo, los representantes procesales de varias decenas de afectados habían solicitado que se delimitaran «los efectos de la medida cautelar de manera expresa e individualizada» y que se adoptaran medidas técnicas sobre la aplicación informática del censo para emitir certificados a tiempo. Rechaza el resto de peticionesFrente a estas reclamaciones, el Tribunal Supremo ha decidido «inadmitir el resto de peticiones hechas por las partes en este trámite, por resultar improcedentes». El tribunal argumenta que dichas solicitudes aluden a recursos de reposición que ya fueron resueltos mediante un auto previo el pasado 18 de noviembre, o bien porque se trata de «peticiones de información o de adopción de medidas que forman parte de la competencia de la Junta Electoral Central, siendo a ella a quien deben dirigirse». Con este movimiento, el Tribunal Supremo cierra la vía a nuevas interpretaciones operativas en sede judicial y blinda la ejecución de sus medidas cautelares, recordando que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, «las resoluciones judiciales se ejecutarán en sus propios términos».
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