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La patronal y Madrid lanzan una guerra judicial contra el Gobierno por el decreto de centros de datos
La aprobación definitiva del real decreto de centros de datos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez desata una guerra judicial. La patronal del sector, SpainDC, y la Comunidad de Madrid han anunciado que recurrirán ambos la norma ante el Tribunal Supremo y, al mismo tiempo, reclamarán a la Justicia medidas cautelares para frenar su entrada en vigor.Todo el sector y diferentes autonomías llevan meses alertando sobre que este decreto, con las exigencias sobre todo a nivel energético, provocará una fuga de inversiones a otros países del entorno, como Portugal, ante la imposibilidad de cumplir los requisitos. El Ejecutivo central ha hecho caso omiso en gran parte a las más de 600 alegaciones que se presentaron en el periodo de información pública para sacar adelante una normativa que, según la patronal, pondría en riesgo hasta 67.000 millones de euros en inversiones en nuestro país en centros de datos por parte de los gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft o Meta.El decreto contempla exigentes requisitos como que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, aunque ahora el Gobierno ha incluido un periodo transitorio que tampoco parece contentar a los afectados. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que esto es un periodo de adaptación por el cual, hasta el 31 de diciembre de 2028, el consumo de energía renovable puede ser del 60%, que aumentará al 70% en 2029 para que, una vez cumplidos los cinco años, en 2032 el 80% del consumo provenga de energía renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica. La contrapartida para adherirse a este periodo transitorio es que ante una eventual tensión de la red, los centros podrán ser desconectados.Esta flexibilización ha sido añadida a última hora tras las críticas feroces de las empresas, también entre reproches de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y con un informe del Consejo de Estado que por el momento, todavía se mantiene oculto. Sin embargo, las empresas consideran que los requisitos son inasumibles, igual que comunidades autónomas más allá de Madrid, como Aragón , que aglutinan gran parte de la inversión en centros de datos.Desde la patronal SpainDC, el rechazo es frontal porque impone «condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España». «Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado. Pero lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España. Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible; dependeremos cada vez más de otros países para desarrollar la inteligencia artificial, sostener nuestra economía digital y gestionar nuestros datos. Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación», ha afirmado en un comunicado Emilio Díaz, presidente de SpainDC.«La ministra afirma que España será pionera. Y tiene razón: seremos pioneros en ponernos a la cola de la revolución digital. No es de recibo que un Gobierno, en el tiempo de descuento y a nueve días de unas elecciones generales, pretenda hipotecar durante décadas el futuro industrial y tecnológico de España. Y que lo haga por la puerta de atrás de la tramitación urgente, sin consenso y haciendo oídos sordos a las advertencias del sector. En lugar de asumir las consecuencias de años de falta de planificación e inversión en las redes eléctricas, pretende pasarle la factura a quienes quieren invertir en nuestro país. No están regulando nuestro futuro, están obligándonos a exportarlo», ha añadido Begoña Villacís, directora ejecutiva de la organización.En el plano público, la primera autonomía en atacar la legislación ha sido la Comunidad de Madrid, que apenas una hora después de anunciarse la aprobación ha anunciado que lo llevará a la Justicia. «El Gobierno de Pedro Sánchez legisla a espaldas de las empresas, los sectores productivos y las comunidades autónomas. Llevamos meses avisando de que es un grave error. Impone unas exigencias desproporcionadas, genera inseguridad jurídica y pone en riesgo miles de millones de euros en inversiones», ha señalado el consejero de Digitalización capitalino, Miguel López-Valverde.Lo que hará Madrid es atacar desde varios frentes. Por una parte, recurrirá el decreto ante el Supremo por invadir competencias autonómicas y solicitará medidas cautelares para frenar primeramente su aplicación inicial hasta que se resuelva el recurso. Por otra, también presentará una denuncia en la Comisión Europea para que las instituciones comunitarias intervengan. «No podemos permitir que una regulación mucho más restrictiva que la europea expulse a las empresas, frene nuevos proyectos y comprometa la competitividad de nuestra región. La Comunidad de Madrid va a defender sus competencias pero también su empleo, sus inversiones y su liderazgo tecnológico», ha añadido el consejero. López-Valverde ha explicado que «este decreto nunca debería haber salido, ya que contaba con el rechazo frontal y críticas fundamentadas de todo el sector». «Hace peligrar más de 26.000 millones en la región en inversiones por culpa de unos criterios demasiado restrictivos, que ahuyentan a las empresas hacia otros mercados menos exigentes».
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