CIDH pide tipificar el reclutamiento forzado de menores por el crimen organizado

MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países de América, incluido México, a tipificar como delito autónomo el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.
Además, pidió identificar los territorios y las instituciones públicas bajo la influencia de estos grupos, ante el avance de la violencia, la corrupción y la impunidad.
En la resolución 1/26, titulada Crimen organizado y derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 50 recomendaciones para combatir a las organizaciones delictivas, proteger a las víctimas y evitar que las políticas de seguridad dependan exclusivamente de medidas represivas.
El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el documento el 28 de febrero de 2026. Entre sus propuestas, destaca que los gobiernos deben reconocer como víctimas a los menores de 18 años que recluten los grupos criminales, incluso cuando los utilicen indirectamente en sus actividades.
También pide garantizarles protección, atención psicológica, reintegración familiar y acceso a la educación.
CIDH pide castigar el reclutamiento de menores por grupos criminales
La CIDH recomienda establecer sanciones proporcionales contra los responsables, investigar los casos y crear mecanismos de alerta temprana para detectar posibles intentos de reclutamiento de menores.
La Comisión pone especial atención en las redes sociales y otras plataformas digitales, que pueden facilitar la captación de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones delictivas.
Asimismo, plantea fortalecer las escuelas, los servicios sociales y las oportunidades de empleo para reducir las condiciones que favorecen el reclutamiento de adolescentes y jóvenes.
El organismo advierte que el crimen organizado aprovecha factores como la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a la educación y al empleo. También señala la corrupción y la infiltración de grupos criminales en las instituciones gubernamentales como elementos que agravan el problema.
Piden identificar territorios e instituciones bajo influencia criminal
Para enfrentar esta situación, la CIDH recomienda elaborar estudios, diagnósticos y mapas que permitan identificar las zonas del territorio nacional, las dependencias públicas y las instituciones donde las organizaciones delictivas ejercen control o influencia.
El objetivo consiste en detectar las estructuras de poder paralelas que estos grupos construyen y mantienen en distintas comunidades.
La Comisión advierte que recuperar esos territorios requiere mucho más que desplegar policías o militares. Los gobiernos también deben garantizar servicios públicos, acceso a la justicia, educación, salud y oportunidades económicas para las comunidades afectadas.
CIDH reconoce estrategia de México, pero cuestiona medidas represivas
En el caso de México, la resolución menciona la estrategia nacional para atender las causas estructurales de la violencia, que el Estado mexicano presentó durante las consultas para elaborar el documento.
Sin embargo, la CIDH advierte que, en términos regionales, las políticas centradas principalmente en endurecer las penas y privar de la libertad a los responsables no han logrado reducir eficazmente la delincuencia ni resolver sus causas estructurales.
Por ello, plantea que los gobiernos combinen las acciones de seguridad con políticas sociales, fortalecimiento institucional y protección de los derechos humanos.
CIDH pide mecanismos de protección a periodistas
La CIDH también pidió reforzar la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, personas buscadoras, víctimas y testigos del crimen organizado, ante las amenazas, desapariciones y asesinatos que enfrentan. Además, recomendó garantizar investigaciones para sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como transparentar las contrataciones públicas, el financiamiento político y las resoluciones judiciales relacionadas con estas organizaciones.
El organismo también propuso fortalecer la asistencia jurídica, psicológica y los programas de reparación del daño. Además de ofrecer atención especializada y refugios para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y explotación. Asimismo, alertó sobre el despojo de tierras, la extorsión y la tala ilegal que afectan a comunidades indígenas y rurales. Finalmente, subrayó que combatir al crimen organizado requiere fortalecer la justicia, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos, sin recurrir a medidas que vulneren las garantías fundamentales.
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