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Puente conocía el pago del tratamiento de cáncer a la exmujer de Ábalos
El escándalo del pago de un tratamiento de cáncer a la exmujer de José Luis Ábalos implica a los tres ministros de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. A José Luis Ábalos, porque se imputaron al periodo en que fue titular del departamento, el ejercicio 2020/2021; a Raquel Sánchez porque la factura se abonó con cargo al «gabinete de la ministra» en 2022; y a Óscar Puente, porque tuvo conocimiento de los hechos al poco tiempo de su llegada al Ministerio y lo ocultó de forma deliberada. Los tres «lo sabían y lo ocultaron», según cuatro fuentes de Transportes consultadas por el diario ABC. Desde prisión, Ábalos lo ha negado de forma rotunda. En el caso de Óscar Puente, el recién dimitido ministro del ramo fue informado de los hechos por un testigo directo pocos meses después de tomar posesión en el cargo en noviembre de 2023. Los tres implicados en «armar administrativamente» esa factura de 13.000 euros a través de un contrato sanitario que, según estas fuentes «camuflaba los gastos del tratamiento de inmunoterapia», seguían en el Ministerio. Eran tres: el jefe de gabinete de la ministra, Ricardo Mar ; el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez , y su número dos, Belén Villar , entonces jefa del gabinete técnico del subsecretario. El propio Ricardo Mar confirmó a ABC la existencia de esta factura a este periódico y haber sido él quien la firmó, pero sostiene que lo hizo porque fueron los responsables en la supervisión de gastos de personal, Gómez y Villar, quienes le dieron la «orden» de hacerlo ante el reclamo reiterado de impago por parte del doctor Ignacio Palomo y sus colaboradores en la clínica Arpa Médica. El escándalo salpica a los tres exministros del ramo nombrados por Sánchez siEsto provocó tensiones entre los tres responsables ministeriales. Villar reprochó a Mar haber cargado gastos mensuales de 6.000 euros al gabinete de Ábalos hasta la llegada de su sucesora, Raquel Sánchez. Unos pagos que «generaron sospechas», pero que tanto Villar como el subsecretario y superior inmediato habían «supervisado y validado». Puente conoció esas tensiones a su llegada a Transportes, cuando responsables ministeriales le revelaron las supuestas irregularidades que había permanecido ocultas en la cúpula del departamento desde antes de la destitución fulminante de José Luis Ábalos por parte del presidente del Gobierno en julio de 2021. Las mismas fuentes aseguran que el recién llegado titular de Transportes aseguró a sus informantes que tomaba nota y sondeó a los implicados en una cuestión que había quedado «en orden» y «sin rastro» en la etapa de su predecesora.La auditoría ocultó la facturaSin embargo, la factura de 13.000 euros no afloró en la auditoría que encargó Puente pocos días después de la detención de Koldo García y Víctor de Aldama. El 27 de febrero de 2024, el ministro que apenas llevaba tres meses en el cargo ordenó a la Inspección General de Transportes auditar los dos contratos de mascarillas en la pandemia a la empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, vinculada a Aldama, a través de dos empresas públicas. Adif y Puertos del Estado. En la nota oficial del Ministerio, se informaba de que «el Ministerio ya ha empezado a recabar información de los distintos centros para esclarecer hasta el último detalle» y prometía que el Gobierno actuará con ejemplaridad caiga quien caiga» ante cualquier atisbo de corrupción «venga de donde venga». Asimismo, presumía de que su órgano de inspección «goza de neutralidad e independencia» para detectar los posibles fallos de control».Quien dirigía ese organismo era Belén Villar como directora general de Organización e Inspección, nombrada en febrero de 2022. Una fecha que coincide con el periodo en que constan las primeras reclamaciones de impago por parte del doctor Ignacio Palomo por una serie de servicios que no se habían abonado, tal y como consta en la documentación desvelada por este periódico, que motivaron los enfrentamientos en Transportes por buscar la fórmula de pago. En agosto de 2024, dos meses después del primer informe de la UCO que estrechó el cerco sobre la implicación de Ábalos en las andanzas de Koldo García, se hizo público el resultado de la auditoría realizada por Villar, que afloró irregularidades en la compra de mascarillas en 2020 y señaló directamente al exministro. Pocos días después, Puente cesó al subsecretario Jesús Manuel Gómez por «pérdida de confianza». Belén Villar sigue el frente del mismo organismo en el Ministerio de Transportes. Este periódico intentó ponerse en contacto con ella para recabar su versión de los hechos, y ésta afirmó que «revisaría la documentación obrante en el Ministerio». Las disonancias en el pagoComo ya informó este diario, existen disonancias entre la información desvelada por las cuatro fuentes de Transportes y la información facilitada por Ignacio Palomo en conversación con ABC. La primera de ellas es que el tratamiento de inmunoterapia de Carolina Perles se realizó en la sanidad pública, concretamente en el Hospital de La Princesa. Palomo asegura que su trabajo se limitó a la realización de PCR a miembros del Gobierno, sus escoltas y su equipo, acudiendo en ocasiones a su domicilio particular, pero que «jamás» ha participado de irregularidad alguna vinculada a Ábalos y Koldo. Como confirma Perles, el ginecólogo y dueño de Arpa Médica se limitó a acompañarle a todas sus citas médicas de forma «altruista y gratuita» e incluso le presentó al cirujano que le realizaría la operación por el cáncer de pulmón que padecía, en mayo de 2021. Sin embargo, en el desglose de gastos de uno de los correos electrónicos entre Transportes y Arpa Médica, a los que ha tenido acceso ABC, se hace alusión a un test septina, una analítica de detección del cáncer, así como una analítica de sangre y un electrocardiograma, aparte de pruebas PCR y test de antígenos. La fecha del email es de junio 2021, un mes antes de que se cortaran las comunicaciones con los tres responsables de Transportes y la clínica de Palomo. No se volvió a dar realizar ningún abono hasta la factura de los 13.000 euros. Otra discordancia es el importe reclamado. El último pago a Arpa Médica se hizo por valor de 4.500 euros, y la cantidad de Transportes ascendía a 13.000 euros. Tampoco cuadra el concepto. Las cuatro fuentes consultadas revelan que el pago a Palomo «se armó jurídicamente» a través de un «contrato por realización de PCR», pero la factura de Arpa Médica hace referencia a la realización de «pruebas Covid-19». Las fuentes consultadas explican que «en 2022 ya no se hacían PCR. Se dejaron de hacer en 2021 y sólo a los ministros, su equipo y responsables de Seguridad cuando viajaban», por lo que no se podía reclamar un servicio que ya no se prestaba. Arpa Médica alega que el motivo era que les estaban pagando con un año y medio de retraso por servicios que habían prestado, pero no cobrado. La factura «daba problemas» al subirla al sistemaEste descuadre contable es lo que hizo sospechar desde el principio a las fuentes consultadas de Transportes que el Ministerio «prefabricó un contrato sanitario ficticio» para camuflar los gastos de inmunoterapia de Carolina Perles, tal y como habían sido informados los dos ministros sucesores a Puente y varios de sus colaboradores. La orden de pago se realizó en diciembre de 2022, casi un año después de la presentación de la factura por parte de la clínica Arpa Médica al Ministerio en febrero de ese año. Durante esos siete meses, la presión de la clínica por la demora en el abono de sus servicios fue constante. Y el motivo de la demora es que «al subir la factura en el sistema, la factura daba problemas», como consta en uno de los correos electrónicos a los que ha tenido acceso en exclusiva ABC. De hecho, la orden de pago de la primera factura tuvo que ser anulada y modificada, rebajando su importe en 700 euros. El concepto de los 4.940 euros se correspondía con la realización de «pruebas Covid-19», aunque no especificaba el número de los test realizados.
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