Guasave, Guamúchil y Los Mochis: una noche que no debemos normalizar
La noche del viernes 20 de noviembre quedará marcada en la memoria de miles de familias sinaloenses. Lo que para muchos sería el comienzo de un fin de semana de descanso se transformó en horas de incertidumbre, miedo y desesperación. Guasave, Guamúchil y Los Mochis fueron escenario de enfrentamientos armados, vehículos incendiados y bloqueos carreteros que alteraron profundamente la tranquilidad de nuestra sociedad.
Los acontecimientos ocurrieron después de un operativo de las fuerzas federales en Guasave, donde se reportó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”. Posteriormente, la violencia se extendió hacia distintos puntos del centro y norte del estado.
En Guamúchil, tractocamiones incendiados bloquearon la carretera México 15. En Los Mochis, los accesos carreteros también resultaron afectados por vehículos quemados. En Guasave, la suspensión del transporte público y de diversos servicios modificó la vida cotidiana de sus habitantes.
Pero detrás de cada vehículo incendiado existe una historia que no siempre aparece en los informes oficiales.
Familias que quedaron atrapadas en carretera, trabajadores que no pudieron regresar a sus hogares, transportistas obligados a detener sus recorridos, comerciantes que cerraron anticipadamente y padres que experimentaron la angustia de no saber dónde se encontraban sus hijos.
La violencia no solamente destruye bienes materiales; también afecta nuestra seguridad, nuestras actividades económicas y nuestra tranquilidad emocional.
Desde mi perspectiva como especialista en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, estos acontecimientos deben analizarse más allá de su dimensión policial. Estamos frente a una emergencia compleja que evidencia la vulnerabilidad de nuestros sistemas de movilidad, transporte, comunicaciones y continuidad de operaciones.
Cuando una carretera queda bloqueada, no solamente se interrumpe la circulación de automóviles. También pueden verse comprometidos el traslado de pacientes, el abastecimiento de medicamentos, la distribución de alimentos y la respuesta de ambulancias, bomberos y corporaciones de emergencia.
Por eso, la gestión de riesgos no puede permanecer ajena a los acontecimientos de violencia que afectan a nuestras comunidades.
Es indispensable fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad pública, Protección Civil, servicios de emergencia, instituciones educativas y sectores empresariales. Necesitamos protocolos claros para informar oportunamente a la población, identificar rutas seguras, habilitar espacios de resguardo y atender a quienes quedan varados durante estas situaciones.
También debemos reconocer la importancia de la autoprotección ciudadana. Ante enfrentamientos armados o bloqueos, ninguna fotografía, video o curiosidad justifica exponerse al peligro. Permanecer bajo resguardo, evitar desplazamientos innecesarios y consultar información oficial son decisiones que pueden salvar vidas.
Las empresas, por su parte, deben incorporar escenarios de violencia e interrupción de movilidad a sus planes de continuidad de operaciones. Saber cuándo suspender actividades, cómo proteger al personal y de qué manera mantener comunicación con trabajadores y familiares resulta fundamental.
Reconozco la complejidad de las tareas que enfrentan las instituciones responsables de recuperar la seguridad. Sin embargo, la población necesita información oportuna, coordinación efectiva y, sobre todo, resultados sostenidos.
No podemos acostumbrarnos a vivir pendientes de dónde ocurrió el último enfrentamiento o qué carretera permanece cerrada.
Tampoco debemos aceptar que nuestros hijos crezcan considerando normales los vehículos incendiados, las calles desiertas y el temor de salir de casa.
La seguridad representa una condición indispensable para ejercer nuestros derechos, trabajar, estudiar y desarrollarnos.
Hoy, mi solidaridad está con todas las familias que experimentaron momentos de angustia en Guasave, Guamúchil y Los Mochis.
Como sociedad, tenemos derecho a exigir que se privilegie la vida humana, que las instituciones actúen coordinadamente y que la prevención forme parte de las estrategias de seguridad.
Porque recuperar una carretera puede tomar algunas horas, pero recuperar la confianza de una sociedad exige mucho más.
Sinaloa merece vivir en paz. Y proteger la vida de las personas debe estar siempre por encima de cualquier otro interés.
Prevención, la medicina del futuro.
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