La deuda que Rocha dejó a Sinaloa

Rubén Rocha Moya dejó al Gobierno de Sinaloa con una deuda superior a los 26 mil millones de pesos. La cifra, expuesta por el contador público Antonio Vega Gaxiola, ex Auditor Superior del Estado, ante el sector empresarial, derrumba el discurso de las finanzas sanas que durante años escuchamos desde el poder.
La parte más grave está en los vencimientos. Poco más de 5 mil 600 millones de pesos corresponden a deuda de largo plazo, considerada manejable conforme a lo pactado. Otros 20 mil 800 millones son obligaciones de corto plazo: casi el 80 por ciento del pasivo debe pagarse de manera inmediata.
El gobierno comprometió recursos que Sinaloa necesita para enfrentar la peor crisis económica y de seguridad de las últimas décadas. Miles de negocios han cerrado y se han perdido decenas de miles de empleos formales. El campo sobrevive sin apoyos suficientes, mientras las micro y pequeñas empresas necesita respaldo para seguir abiertas.
Con ese panorama, heredar un boquete de 20 mil 800 millones de pesos de un ejercicio a otro revela la irresponsabilidad con la que se administró el dinero público. El presupuesto de egresos existe para ajustarse a los recursos disponibles. Gastar por encima de ellos termina por cobrarle a la población las decisiones del gobierno.
Coincido con el criterio expuesto ante los empresarios: en una administración ordenada, transparente y honesta, la deuda de corto plazo al cierre de cada ejercicio debería ser exactamente cero. Lo que hoy padecemos es el resultado de gobernar con ocurrencias, sin planeación y de espaldas a la disciplina financiera.
Cada peso destinado a tapar ese hoyo se le arrebata a la seguridad pública. Faltará para equipar policías municipales o abastecer hospitales de medicinas. La reparación de carreteras también compite con las obligaciones que el gobierno fue acumulando.
Y por si fuera poco, Rocha consigue una suspensión provisional para recuperar el acceso a sus tres pensiones: ISSSTE por viudez, IMSS por cesantía y jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La rapidez de esa respuesta judicial indigna frente a las demoras que padecen ciudadanos comunes para reclamar sus derechos.
Hacienda sostiene que los demás activos permanecen congelados. Siguen pendientes respuestas claras sobre los señalamientos estadounidenses por su presunta colaboración con el Crimen Organizado. Mientras Rocha protege sus ingresos, las familias enfrentan el desempleo y las consecuencias financieras del estado que gobernó.
El presupuesto de 2027 encontrará esa deuda y un incremento apenas marginal en los recursos federalizados para Sinaloa. Aprobarlo sin conocer las cuentas completas sería una complicidad con el desastre financiero. No avalaré un presupuesto a ciegas ni maquillajes contables que oculten el tamaño real del déficit y sus consecuencias para los próximos años.
Desde el Congreso exigiré una auditoría exhaustiva y abierta a la ciudadanía, que explique el destino del dinero y las condiciones de la deuda. Debemos saber a qué proveedores se les debe y qué contratos se firmaron sin suficiencia presupuestal.
El saneamiento debe comenzar por el gasto corriente del gobierno: eliminar privilegios y asesorías innecesarias, junto con los gastos superfluos, sin sacrificar la inversión social. Me opondré a nuevos impuestos, aumentos de derechos o más deuda para cubrir este boquete.
Las familias sinaloenses ya estiran su quincena para salir adelante. El gobierno debe responder por el dinero que comprometió y ajustar sus gastos antes de pretender cobrarle a nuestra gente el desorden que dejó Rocha.
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